Ya es un hecho que Interchile, filial de la colombiana ISA, no alcanzará a terminar el megatendido eléctrico que une Atacama con Santiago este lunes.
Aún le restan ocho torres por construir en medio de una fuerte oposición de propietarios en un terreno en particular. Esto esfumó la intención de finalizar el lunes la iniciativa, y el escenario más realista apunta a que esto ocurra el 9 de mayo, según la programación del Coordinador Eléctrico.
Desde que se comenzó a construir la línea de 740 kilómetros, se ha debido enfrentar oposición en parte importante de los sitios por los que debió pasar. A nivel industria, se estima que de los más de 420 propietarios que han debido relacionarse, con el 70% se lograron acuerdos voluntarios y con 30% hubo que acudir a otras instancias, como la comisión tasadora, para determinar los valores a pagar por la servidumbre.
En la mayoría de esos casos donde no hubo acuerdo, hubo que recurrir al auxilio de la fuerza pública para concretar la instalación de las torres.
Pero hoy la controversia se concentra en el fundo de la Comunidad Agrícola La Dormida, ubicado en la comuna de Olmué, donde sus propietarios se han resistido firmemente al proyecto.
Se trata de un lugar de 3.300 hectáreas ubicado en la cuesta del mismo nombre, entre Til-Til y Quilpué, que concentra cerca de 300 propietarios.
Para solucionar el conflicto, la empresa ha ofrecido un pago por el uso del predio de $ 740 millones, que es el monto fijado por la comisión tasadora. Incluso ante la disconformidad y que se estaba transformando el último punto de tope de la obra, en diciembre la compañía llegó a poner sobre la mesa un monto mayor -para completar cerca de $ 1.800 millones- que pedían los propietarios, pero a través de un fondo de desarrollo para la zona.
Sin embargo, nada de eso dio resultados y la situación empeoró. Hoy se está a la espera de contar con el auxilio de la fuerza pública, con un telón de fondo marcado por varias acciones judiciales cruzadas de distinta índole: desde querellas criminales hasta recursos en Tribunales Ambientales.
Según ha trascendido, la empresa ha debido contratar a guardias de seguridad privados para que los trabajadores puedan realizar sus tareas sin contratiempos, al tiempo que los propietarios se defienden y niegan amenazas y agresiones.
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