Que la tercera sea la vencida es la intención que tiene el Ministerio de Energía al impulsar la modernización de la Ley de Distribución. Está previsto que ese proceso se inicie una vez que, a mediados de mayo, la cartera dé a conocer la Ruta Energética, diagnóstico que por estos días se levanta a nivel nacional.
La definición de los cambios que tendrá la ley, según indican en la secretaría de Estado, tomará del orden de un año y la intención es que sea un trabajo participativo, que integre a todos los estamentos de este sector, con miras a iniciar el trámite legislativo el segundo semestre de 2019.
Y aunque los contactos formales entre la autoridad y las empresas aún no se establecen, entre las concesionarias hay claridad respecto de los puntos de la normativa que deberían revisarse. Uno de los elementos clave, reconocen, es la estructura tarifaria del sector y fundamentalmente el chequeo de rentabilidad.
Un ejecutivo de la industria comenta que están conscientes de que, tal como sucedió en el gobierno pasado con la distribución de gas por redes, habrá un recálculo de la tasa de esta industria. Lo importante, advierte, es que esto considere una discusión respecto del nivel de riesgo del negocio.
En la actualidad la normativa fija una tasa de descuento del 10% respecto de una empresa modelo establecida según seis zonas típicas en las que se encasillan las cerca de 40 operadoras locales y en base a la cual se realiza la tarificación.
Al tiempo en que en el sector estiman que dicha tasa podría ser llevada a un nivel similar al de la transmisión, que es del 7%, agregan que también debe discutirse el nivel de riesgo que enfrentan las empresas, ya que la tasa actual considera la operación hipotética de la empresa modelo y no el desempeño real, donde esa tasa de descuento en muchas oportunidades puede resultar insuficiente.
Lo anterior postulan, considerando que el entorno de este servicio ha cambiado y se enfrentan nuevos desafíos tecnológicos como la electromovilidad o la generación residencial. A ello se suman, especialmente, las nuevas demandas de los clientes para lo cual se requiere desplegar inversiones.
“Este modelo puede originar problemas con la rápida incorporación de nuevas tecnologías a las redes, en la medida que se genere incertidumbre respecto a la infraestructura que será necesaria en la empresa modelo del futuro”, dicen la consultora Systep en su más reciente informe.
Comercializador y sanciones
En una de las empresas del sector comentan que pese a que la Ley de Distribución en general es una buena normativa, es necesario adecuarla a los nuevos tiempos. En este sentido surge la figura del comercializador de energía, una instancia intermedia.
El informe de la consultora Systep plantea tres temas centrales que seguramente surgirán en la discusión y a los cambios al modelo regulatorio/tarifario, suman la factibilidad de separar el negocio de las redes y la comercialización de electricidad, lo que a juicio de las empresas no sería necesario si con ello se busca bajar los precios de la energía, pues esto ya se logró con el modelo de licitaciones, que -apuntan- está siendo estudiado por países de Europa donde opera la figura del comercializador de energía.
En lo que respecta a las sanciones por faltas a la calidad de servicio, como las interrupciones de suministro, en la industria plantean que será clave que en paralelo a las sanciones más fuertes que se establecieron a partir de la norma técnica recientemente dictada, se establezcan mecanismos de incentivo, replicando modelos internacionales, donde en paralelo a una exigencia estándar, se establezca un incentivo para aquellas distribuidoras que mejoran en este aspecto, reconociendo esto, por ejemplo, en las tarifas o el valor agregado de distribución, que es la remuneración que reciben estas empresas.
En estos días, la ministra de Energía, Susana Jiménez, recibiría un documento que elaboró la Comisión de Energía (CNE) con propuestas en torno a esta reforma, a partir de las conclusiones a las que llegó una mesa de trabajo al alero de la Universidad Católica, que impulsó el gobierno anterior.
Diagnóstico de la mesa
Entre septiembre de 2016 y abril del año pasado sesionó la mesa convocada por la CNE y la Universidad Católica, la que respecto de la regulación actual de la distribución concluyó la existencia de grandes diferencias en la calidad de servicio y precios en diferentes zonas del país, mientras que por distintos motivos no es claro que las eficiencias en el desarrollo de la red se transfieran al consumidor.
Respecto de los procesos tarifarios actuales, se advirtió el uso de metodologías antiguas que no dan certezas de remuneración justa a las empresas y precios justos a los consumidores, lo mismo que la falta de uso de tecnologías de la información se plantea como una deficiencia importante.
La aparición de nuevos agentes y la generación distribuida, por ejemplo, no están cubiertos en la regulación vigente, lo que requiere mayor coordinación entre los actores del sector para estar en condiciones de contar con un esquema regulatorio que permita capturar las oportunidades y eficiencias de las nuevas tecnologías, agentes y usos de la electricidad, se indica en el reporte de la mesa de trabajo.
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