La Tercera Sala de la Corte Suprema fue el escenario donde ayer se dio inicio a los alegatos para confirmar o desestimar el recurso antes rechazado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que busca frenar la construcción del Puerto Castilla, parte de la central del mismo nombre que MPX pretende levantar en Punta de Choros en la Región de Atacama.
El proyecto, que fue fraccionado por la firma, fue visto ayer sólo en la parte que respecta al puerto que abastecerá de insumos a la potencial planta de energía termoeléctrica en base a carbón, que en total supone una inversión de US$ 4.400 millones y una generación de 2.100 MW (entre un 10 y un 15% de los nuevos requerimientos del SIC).
La firma, filial del millonario brasileño Eike Batista, fue defendida por el abogado Pedro Pablo Gutiérrez en la sala del máximo tribunal del país, presidida por el juez Sergio Muñoz y que también forman parte Carlos Kunsemeller, Guillermo Silva, Rosa Egnem y Juan Escobar. En la ocasión, Gutiérrez debió hacer frente al principal punto en común que plantearon los abogados opositores en sus alegatos y que representan a la comunidad y a los pescadores de la zona: la división del proyecto.
“El proyecto debió haberse presentado como uno sólo ya que afecta los mismos espacios”, sostuvo Ignacio Poblete, abogado representante de los artesanales de Punta de Choros.
Según expuso el profesional durante su alegato, el proyecto es el mismo y se emplazará en el mismo lugar, por lo que presumió que el fraccionamiento de la iniciativa lo que busca es evitar los efectos ambientales que ambos (puerto y central) producirán.
Anteriormente, Cristian Tapia, el primer abogado en litigar, aseguraba que “el proyecto debió ser considerado de manera global”.
“No hay trampa que hacer”
En su alegato, Pedro Pablo Gutiérrez dio inicio a su defensa al cuestionamiento realizado por sus pares del otro sector interesado, al asegurar que “cada proyecto tiene su propia forma, su propia vida y su propia norma aprobada”.
Al acabar la sesión, el abogado se explayó al ser consultado sobre su defensa en torno al punto en cuestión.
“La gente separa los proyectos para hacer trampa, o sea para no someterse a la evaluación de impacto ambiental o hacer declaraciones de impacto ambiental. En este caso eso es imposible pues los dos proyectos están sometidos a la evaluación de impacto ambiental...o sea, no hay trampa alguna que hacer”, sostuvo.
Por su parte, el representante del SEIA, Walter Traub, confirmó que “el fraccionamiento es un aspecto regulado por la ley”.
Pero Gutiérrez fue más allá de su argumento explicando que al hacer el estudio del puerto se hicieron modelaciones que incluyeron las emisiones de la central, “o sea que uno no puede ignorar lo que pueda contaminar la central. Se ha tomado en cuenta para hacer las mediciones para ver si el puerto con la central violan o no la norma”, añadió.
Respecto a la posibilidad que puerto y central funcionen uno sin el otro, reveló que el punto de embarque “podría sobrevivir sin la central, porque la central podría no funcionar en determinadas épocas”.
El resultado de los alegatos de ayer no tiene un plazo establecido para ser dado a conocer, pero se estima que las causas podrían estar resueltas en el plazo de uno o dos meses.
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