Luego de que la Corte Suprema suspendiera la autorización ambiental del proyecto de oro y cobre El Morro, controlado por la minera candadiense Goldcorp, y frenara todos los trabajos vinculados a la explotación del lugar, la reanudación de las operaciones del proyecto ubicado en el Valle del Huasco en la Tercera Región y que implica una inversión de US$3.900 millones podría tardar hasta 18 meses, dicen conocedores del proceso.
El fallo de la Corte Suprema anuló la resolución del permiso ambiental del proyecto mientras no se realicen las consultas a las comunidades indígenas.
Incertidumbre
Y esto podría tomar largo tiempo. La razón radica en que no hay conocimiento sobre los pasos a seguir para cumplir con La Ley Indígena y el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. “Se le ha dicho a la empresa que debe cumplir con ese proceso pero nadie sabe, ni ha explicado, cómo se lleva a cabo ese proceso”, dice una fuente.
Por lo pronto, las primeras acciones de la compañía minera serían reunirse con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para ir viendo los pasos a seguir.
Una vez que la compañía comience con el proceso de cumplir tanto con la Ley Indígena y el Convenio 169 entrará en un proceso de consulta con las comunidades, lo que podría tardar varios meses.
Luego de esta etapa, hay desconocimiento de lo que sigue. “¿Las comunidades deben aprobar lo que se decida? Lo mismo pasa con el tema de las compensaciones ¿hay que llegar a algo que ellos acepten? Hay muchas incertezas respecto a la hoja de ruta que se debe continuar”, afirma un conocedor del proceso. Con todo, agrega que cualquiera sea el curso a seguir tomará tiempo y la reanudación de las operaciones de El Morro no se retomarían antes del primer semestre del próximo año.
La canadiense Goldcorp, que cuenta con el 70% de la propiedad del proyecto El Morro (el 30% restante pertenece a New Gold), informó, luego de conocer el fallo de la Corte Suprema, que solo se mantendrán andando los trabajos de ingeniería y construcción, no así las operaciones que tienen que ver con las faenas.
El proyecto minero cuenta con reservas por 6,1 millones de libras de cobre y 8,4 millones de onzas de oro.
El origen del conflicto
El 14 de marzo de 2011 la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, un grupo de agricultores de etnia diaguita que habita en las zonas aledañas al proyecto El Morro, presentó un recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de la Tercera Región, la que estaba presidida por la intendenta Ximena Matas.
La comunidad indicó que en el proceso de calificación ambiental no se cumplió con lo que exige la Ley Indígena y el Código 169, esto es la consulta a las comunidades indígenas sobre la instalación de una faena minera en sus zonas ancestrales.
A mediados de febrero de este año, la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la autorización ambiental de El Morro.
Luego, la minera canadiense solicitó a la Corte Suprema que dejara sin efecto el fallo del tribunal de alzada. Sin embargo, la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Pedro Pierry, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval, y los abogados Alfredo Prieto y Arturo Prado, ratificó en forma unánime el fallo.
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