El presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, el magistrado Sergio Muñoz, en una medida calificada como inusual, recomendó a las partes involucradas en el conflicto por la Central Castilla llegar a un acuerdo conciliatorio. Esto en el marco de los alegatos entre las partes involucradas que hoy se produjeron en dicha sala del máximo tribunal del país.
Según el abogado de la junta de vecinos de Totoral, Álvaro Toro, el magistrado recomendó esta medida tomando en cuenta que la no construcción de la central (que contempla inversiones por US$ 4.400 millones) no beneficiaría a nadie.
"El presidente de la sala nos convocó a una audiencia donde planteó, en atención a una serie de factores, que invitaría a llegar algún acuerdo, algún avenimiento (...) entre la empresa y las comunidades que han presentado el recurso", sostuvo Toro.
Según el abogado ambientalista, el juez expuso que si se ratificaran ambos fallos de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el proyecto puerto podría construirse y la termoeléctrica no. Por ello, la autorización de la sala para plantear la inusual medida en casos ambientalistas.
La audiencia de conciliación donde estarán presentes todos los abogados representantes quedó fijada para el próximo 12 de junio. Si no se llega a un acuerdo, finalmente será el máximo tribunal del país el que zanjará la disputa.
Ese día, cada una de las partes deberá llegar con una propuesta, las cuales serán intercambiadas en dicha audiencia de conciliación.
No obstante, pese a la posibilidad de alcanzar un acuerdo, para Toro "el ministro se equivoca, porque aquí no es que alguien quiera comprar o vender, sino que estamos defendiendo derechos socioambientales que son incompatibles con la constrrucción de la Central Castilla", sostuvo.
Medida inusual
Jaime Varela, abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la seremi de Salud de Copiapó, también calificó la medida de Muñoz como "inusual".
"En materia de recursos de protección, para mí al menos, es inusual. Tendremos que estudiar y analizar esa moción y hacer la proposición", sostuvo el abogado.
De manera preliminar, Varela acotó que el acuerdo podría lograrse si los reclamantes bajasen un poco sus pretenciones y que la empresa amplíe en algo las obras de mitigación de la central Castilla.
Pese a sus dichos, Varela aseguró que la labor del CDE es más bien secundaria, pues los que tiene que conciliar una postura son las partes directamente invulucradas, es decir, habitantes, ambientalistas y la empresa MPX.
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