En medio de un polémico proceso de valorización de las instalaciones de los sistemas de transmisión 2020-2023, el primero que se realizó con las modificaciones legales establecidas en 2016 y cuyo documento es clave en el proceso de tarificación del segmento, ya comenzó el segundo procedimiento. Así, iniciando un proceso sin haber terminado del todo el anterior, ya se instalaron las dudas.
Luego de que en diciembre la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicara las bases preliminares y luego en abril las finales, las alertas se comenzaron a encender el 10 de mayo cuando diversas empresas y el gremio de las transmisoras -creado hace casi dos años- acudieron al Panel de Expertos, el organismo que resuelve las discrepancias del sector, el mismo que revisó el año pasado el primer proceso.
Esta vez, se discrepa contra la CNE por las bases técnicas y administrativas definitivas para los estudios de valorización de las instalaciones de los sistemas de transmisión, correspondientes al cuatrienio 2024-2027.
En concreto, fueron nueve escritos presentando discrepancias de 10 empresas y la Asociación de Transmisoras de Chile. Entre las firmas, está Alto Jahuel Transmisora de Energía, Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel, CGE, Chilquinta Transmisión, Grupo Saesa y Transelec.
Para las empresas las bases serían claves porque allí estará el marco de lo que hará el consultor, lo que fue el punto inicial de los problemas que se desencadenaron en el primer proceso, considerando que las firmas se quejaron en el Panel que la CNE no tomó en cuenta el trabajo de ese actor y que ésta realizó su propio estudio.
Se discrepa ente el Panel por los contenidos en torno a la base de datos, la calificación de instalaciones, la experiencia previa del consultor, contenidos de los informes, plazos, entre otras materias.
Según relata la Asociación de Transmisoras de Chile en su escrito, “buscamos ahora aportar positivamente al proceso actual con la experiencia que las empresas obtuvieron en el anterior, evitando –en lo posible-que se reiteren varios de los inconvenientes que llevaron a que la valorización 2020-2023 finalizara incluso de manera posterior al inicio del proceso vigente”. Esto, ya que si bien el proceso culminó respecto a las etapas establecidas, aún le queda el decreto pendiente.
“El retraso de más de tres meses en la emisión de las respuestas se suma al retraso en el proceso de calificación, llevando a que el proceso de valorización del cuatrienio 2024-2027 acumule un atraso de seis meses en su desarrollo, lo que probablemente conlleve que lleguemos al 2024 sin tener aún fijada la correspondiente valorización de los activos”, se advierte.
Transelec pide al Panel –por ejemplo- que se establezcan en las bases definitivas medidas o procedimientos aplicables al caso en que se ponga término anticipado al contrato con el consultor; y modificar el tiempo durante el cual los consultores estarán obligados a mantener la confidencialidad de la información que manejarán en el desarrollo de los estudios, de forma tal que dicha obligación se extienda por un plazo de cinco años.
Mientras, Chilquinta apuntó a estipular en las bases la utilización de proveedores con presencia en el mercado nacional. Así, el consultor no podrá considerar a proveedores que quieran entrar al mercado y que por lo tanto ofrezcan precios bajos únicos.
Tras ser admitida a tramitación la discrepancia, se fijó la audiencia pública para el 15 de julio.
CNE: “El proceso se debe ajustar a la normativa”
Consultada, la CNE sostuvo que “el número de discrepancias obedece a que este es el segundo proceso al que están sometidas las empresas transmisoras, generándose naturalmente un aprendizaje de dichas empresas respecto de la importancia de las referidas bases para el posterior desarrollo de los estudios y el informe técnico que debe elaborar la CNE”.
En este sentido, la entidad agregó que las discrepancias de las empresas respecto de las bases fueron analizadas técnicamente por la CNE y presentados sus argumentos para que el Panel resuelva. “De esta manera, la valorización de la transmisión es un proceso reglado tanto por la ley como por el reglamento, y todas sus instancias tienen etapa participativa y discrepable ante el Panel, por lo que el proceso se debe ajustar a la normativa más allá de lo que soliciten las partes”, aseguró.
Tras nuevas críticas a Metrogas, gobierno
compromete envío de proyecto antes de agosto
Vocera Camila Vallejos sostuvo que la situación “es grave porque afecta y vulnera la fe pública”.
Aunque la Fiscalía Nacional Económica ya había alertado que una excepción en la última reforma a la ley permitió a Metrogas a través de Agesa aumentar el costo de la prestación de la distribución de gas natural, ayer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a esta controversia tras un reportaje sobre el mecanismo utilizado.
Ante lo que denominó “abusos graves que se han dado en Metrogas”, indicó que “es algo que no podemos dejar pasar”. “Esto es grave porque afecta y vulnera la fe pública”, aseguró. En esa línea, precisó que son temas que se están abordando para presentar una modificación, apuntando a que “se debería ingresar en julio o agosto para avanzar en una legislación más robusta que se haga cargo del problema de los precios y las regulaciones necesarias, y también en el ámbito de las sanciones”.
En tanto, en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, se extendió la discusión del proyecto que crea un fondo de estabilización y establece un nuevo mecanismo de equilibrio transitorio de precios. En medio de las dudas de los parlamentarios por el texto y la celeridad involucrada, su debate continuará hoy.
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