Con un telón de fondo marcado por la remoción de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, el 16 de octubre el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados la reforma constitucional que modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, la cual contempla la creación del Consejo de Nombramientos de Jueces.
A seis días del hito, en un nuevo encuentro de la comunidad de Entre Códigos de DF, en conjunto con los estudios Recabarren & Asociados, García Nadal y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), el recién asumido ministro de Justicia, Jaime Gajardo; el extitular de la cartera, Hernán Larraín; y la decana de la Facultad de Derecho de la UAI, Isabel Aninat, analizaron la iniciativa y las expectativas de su avance en el Congreso.
“Tengo plena confianza de que vamos a avanzar, y podremos concretar eventualmente esta reforma”, dijo el titular de Justicia.
La propuesta, según Gajardo, tiene tres objetivos estratégicos: separar la función de jurisdicción de la función de administración y de la función de nombrar jueces; generar que un sistema de nombramiento de los jueces que considere la concursabilidad y el mérito como elemento central; y reforzar todo lo que tiene que ver con la probidad y lo disciplinario de la función jurisdiccional.
La autoridad reconoce que el Gobierno aspira a tener esta reforma constitucional durante esta administración. “En el resto de los aspectos en los que eventualmente no hay coincidencia con este proyecto, el Ejecutivo está completamente abierto, en aquellos aspectos en los que nos parezca que sea razonable (...), encontrar una mejor solución”.
Pero el camino no se ve fácil por lo acotado del tiempo de cara a la próxima elección presidencial.
Aninat valoró que el texto tenga objetivos claros y contemple una “economía institucional” al aprovechar estructuras que ya existen como, por ejemplo, el rol de las fiscalías judiciales. Planteó que, dado el rol que el proyecto busca darle a la Fiscalía Judicial, “reforzar su sistema de nombramiento y sobre todo su sistema de remoción debe ser un foco de atención”.
Si bien Larraín ve que la reforma permite avanzar, dijo que la mirada que ha puesto este proyecto se circunscribe a lo no jurisdiccional, por lo que instó a fortalecer lo jurisdiccional. Respecto a lo no jurisdiccional, describió que se plantean dos órganos -el de nombramientos y el de gestión y administración- y una función disciplinaria, lo que va en la dirección correcta. Pero en esta estructura -dijo- “echo de menos otro órgano, que es la Academia Judicial”.
Un punto clave es el sistema de nombramiento. Larraín respaldó que se privilegie la concursabilidad y el mérito, pero apuntó a la integración: “No queremos que los ministros de la Corte Suprema se dediquen a nombrar jueces, ni los de la Corte de Apelaciones”. Y alertó como un eje de cara al debate en el Congreso la relevancia que “esta comisión de nombramiento sea resolutiva en todo lo que dice relación a ministros de corte de apelaciones, jueces y el escalafón primario”.
Expectativas
Gajardo aseguró que hay bastante consenso de la necesidad de una reforma de este tipo. “Tengo plena confianza de que vamos a poder avanzar y podemos concretar eventualmente esta reforma”, dijo. Y aclaró: “Si estamos de acuerdo más menos en los objetivos generales, en aquellos aspectos que deben separarse, las funciones que se deben completar, todo el resto de la discusión lo podemos dejar perfectamente a la ley que lo regule”.
Aninat destacó el rol de la academia en esta discusión y su disposición a ser activos partícipes de ella, pero agregó que “el principal desafío es que el Congreso proceda a legislar”.
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