La industria del salmón está conmocionada. El jueves 19, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a cuatro productoras de alimentos para salmones de coludirse por más de una década, luego de que una de ellas se autodenunciara en 2016 (Ewos Chile, adquirida por Cargill en 2015), acogiéndose al beneficio de la delación compensada, la herramienta por lejos más efectiva en la persecución de carteles en el mundo.
Pero esta acusación no es la única que involucra a los proveedores del sector. En junio la empresa de origen noruego Solvtrans Chile, que opera en el rubro del traslado de salmones vivos a través de wellboats, estampó una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Armasur –gremio que reúne a navieras y armadores del sur del país- y otras seis empresas del rubro, por concertarse para “obstaculizar injustificadamente su operación y dañar su prestigio”, señaló la parte acusadora en su presentación.
Lo anterior no es menor, pues los principales costos de la industria salmonera justamente radican en insumos como los alimentos –que se lleva hasta el 50%- y el transporte, que se lleva otro porcentaje importante del gasto de producción, que incluye el traslado de peces vivos y el equipamiento para realizar tratamientos de agua dulce, medicamentos, aireadores y otros procedimientos.
Procesos distintos
Ambos requerimientos tienen orígenes bien distintos. En el caso de los wellboats, por ejemplo, se trata de la primera acusación de colusión que no es iniciada por un requerimiento de la FNE, sino por una demanda particular, en este caso de Solvtrans Chile, que es representada por Julio Pellegrini, Pedro Rencoret y Diego Ramos.
Aunque ha estado en un segundo plano, el caso sigue avanzando en el TDLC y ya finalizó el período de discusión, mientras el tribunal deberá llamar próximamente a conciliación o dar inicio a la etapa de prueba.
Las demandadas han sido categóricas en refutar los argumentos de Solvtrans. Por su parte, el gremio que agrupa a las navieras Armasur –representada por la abogada Carla Bordoli- respondió que si Solvtrans llegase a salir del mercado de transporte marítimo de peces vivos, ello sería atribuible única y exclusivamente a las infracciones a la regulación sectorial, y además que no tendría la aptitud de afectar la competencia en el transporte marítimo de peces vivos, atendida su estructura, características y dinamismo competitivo.
Argumentos similares entregaron las otras demandadas: CPC Empresas Marítimas, defendida por Andrés Rioseco y Valentina Guevara; Orca, representada por María José Henríquez y Gonzalo Cordero; Patagonia por Álvaro Jana; Península por el expresidente del TDLC, Tomás Menchaca, y los abogados Kevin Venturelli y Constanza Burgos; Río Dulce cuya presentación la realizaron los abogados Jorge Grunberg y Jaime Puyol, mientras Detroit es defendida por Javier Velozo y Pablo Pardo.
Uno de los puntos que más defendieron las demandadas en sus descargos es la nula influencia que pudieran ejercer sobre la decisión de las empresas salmoneras en contratar o no los servicios de transporte con Solvtrans Chile.
Ello, luego de que la firma acusadora señalara que uno de los mecanismos de presión utilizados por las navieras para provocar su salida de la industria fueron insertos de prensa y el envío de cartas a gremios como Sofofa y CPC, además de bancos y autoridades con el fin de desacreditarla, además de oponerse en bloque y en forma reiterada –durante los últimos cuatro años- al otorgamiento del registro de naves de Directemar.
Frente este punto, en julio pasado el TDLC acogió la medida prejudicial presentada por Solvtrans, en la que busca que la asociación gremial exhiba documentos y entregue antecedentes que den cuenta de cómo se han organizado con las empresas de wellboats para impedir la competencia.
La acción presentada por Francisco Agüero describió una serie de hechos que habrían sido realizados por Armasur y sus empresas asociadas, para desacreditar a Solvtrans Chile ante la opinión pública. “Con el otorgamiento de esta medida, el gremio Armasur termina siendo requerido para la exhibición de todos los antecedentes que a priori darían cuenta de una campaña de hostigamiento y desprestigio” contra Solvtrans.
Por este caso, la firma demandante pide multas que ascienden a casi US$ 100 millones en conjunto y la solicitud de expulsión de las firmas sindicadas del gremio de armadores del sur.
El nuevo proceso
En tanto, por estos días las firmas productoras de alimentos señaladas por la FNE en su requerimiento del jueves pasado están armando sus respectivas estrategias legales de cara a la presentación de sus descargos, que deberían realizar hacia fines de enero.
Por acogerse a la figura de delación compensada, Ewos Chile quedará eximida de las multas, mientras que sus pares: Biomar Chile, Skretting y Salmofood deberán demostrar qué nivel de involucramiento tenían en el señalado cartel de cara al procedimiento judicial.
Estas últimas se exponen a multas de hasta 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), la sanción máxima solicitada por la FNE.
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