La decisión muy comentada del directorio de Colbún S.A., en el sentido de paralizar los trámites ambientales necesarios para la construcción de la línea de transmisión de electricidad desde las centrales de Aysén hacia el centro del país, ha ocasionado un obvio revuelo, como asimismo, la legítima preocupación de expertos, gremios y sectores productivos que observan cómo es que se postergan, retrasan y rechazan indispensables proyectos de desarrollo eléctrico, tanto en generación como en el transporte de electricidad.
Es innegable que nuestro país se encuentra en una situación extrema en lo que se refiere a su desarrollo energético y por eso es ahora el momento, el punto de quiebre que exige, de quienes tienen que tomar las decisiones y guiar los destinos de Chile, encausar las definiciones legales y regulatorias que pongan en primer lugar de los objetivos cumplir (y no arriesgar, como está ocurriendo) con las dos finalidades esenciales de la actual regulación eléctrica.
Es cierto, y parece decididamente contradictorio, que la ley vigente en Chile señale cuáles son los dos objetivos esenciales del funcionamiento de los sistemas eléctricos y cómo tales fines, por falta de definiciones oportunas de las autoridades sectoriales y regulatorias, se encuentran en una situación de riesgo y decidida inconcurrencia. Me refiero a la seguridad de servicio y a la operación económica de esos sistemas, bienes que, repito, se arriesgan e incumplen por fallas y ausencias regulatorias que retrasan la materialización de proyectos de inversión tanto en producción como, con igual o mayor intensidad, en transporte o transmisión de electricidad.
La seguridad se arriesga desde el momento que, sumados a las sequías -al parecer crónicas- Chile vive en situación de permanente escases de suministro, la que hoy se expresa en la falta de capacidad para transmitir toda la energía que el actual parque instalado de generación puede producir y al que se sumará, más temprano que tarde, la imposibilidad de cubrir la creciente demanda de energía con ese mismo parque generador. De nada nos sirve llenarnos de reglamentos y normas técnicas destinadas a garantizar la seguridad de servicio si escasea no solo el agua sino que además, la generación de electricidad y las líneas que permiten su transporte a los centros de consumo.
La operación económica, por las mismas razones, es ya una finalidad que se ha perdido, no obstante que la coordinación de los sistemas eléctricos chilenos se hace para lograr ese objetivo. No es un misterio que en Chile se pagan muy elevados precios de electricidad, como tampoco lo es que ahora, recién en abril pasado, el costo marginal promedio del sistema interconectado central llegó casi a los US$ 280. Con estos valores no es posible sostener competitivamente un país que se relaciona abiertamente con los mercados mundiales como tampoco podrá ser sostenible que, en el tiempo, no sean traspasados a los consumidores finales.
Este es el momento del liderazgo, del estadista, de quién se fija objetivos pensando en el bien general de la colectividad. El desarrollo del país, su independencia energética, el mayor beneficio de los más necesitados exige utilizar todo nuestro potencial hidroeléctrico.
A Chile no se le dotó de petróleo, de gas natural, ni carbón de calidad, pero sí de agua en abundancia en buena parte de su territorio.
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