El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió una consulta donde la Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomienda regular un segmento del negocio del gas licuado que representa cerca del 40% de las ventas de la industria.
De esta manera y transcurrido justo un mes desde que el titular del organismo, Felipe Irarrázabal, anunció que el mercado energético -junto a la salud privada- serán los focos de la acción de la entidad, se concretó esta primera acción, que específicamente está orientada a las ventas de gas a granel en estanques para usuarios residenciales.
La FNE le pide al TDLC que en uso de sus facultades le proponga al Presidente de la República, a través del Ministerio de Energía, la “dictación de preceptos legales y/o reglamentarios necesarios para regular el traspaso de la propiedad de los estanques (o “bombonas”) de gas licuado a granel entre las empresas distribuidoras de dicho producto”.
El criterio de la fiscalía -que fue el resultado de una investigación motivada por denuncias presentadas por particulares que cuestionaban la calidad de servicio- apunta a que al normar este ítem se fomentará la competencia en esta industria, ya que bajarán los costos de cambio para los clientes de estos servicios. la FNE también sugiere que la regtulación se extienda a los segmentos industrial y comercial.
En la consulta la fiscalía plantea que al establecer un procedimiento simplificado de transferencia de la propiedad de los estanques, que replica el modelo actualmente vigente en Reino Unido, se evita el costo de desintalación e instalación que impide que un cliente se cambie de proveedor.
El argumento que recogió el organismo es que al ser las distribuidoras de gas dueñas de las bombonas (exclusividad que se entiende a partir de una interpretación de la normativa de seguridad) pierden el incentivo para ofrecer un servicio acorde con niveles mayores de competencia.
Fuentes de la industria dijeron que los tres actores del sector -Gasco, Lipigas y Abastible- sostuvieron acercamientos informales con la FNE en los que habrían manifestado estar de acuerdo con avanzar en este sentido, ya que muchas veces los estanques se convierten en un costo hundido para ellos, pues ante la imposibilidad de cambiar de proveedor los clientes optan por renunciar al servicio.
Se estima que este tipo de procedimientos ante el TDLC puede tomar en promedio de 6 a 9 meses. Como resultado de una primera investigación, de 2011, la FNE le planteó esta solución a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que la desestimó.
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