Los funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin), encabezados por el director de los trabajadores, Luis Enrique
Lira, se refirieron este martes, en la sede de la Asociación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF) a la tragedia ocurrida en la mina San José de
Copiapó, donde 33 mineros permanecen atrapados. En la ocasión criticaron la
falta de fiscalización en la minería y la "escasa dotación de
personal" para estas faenas.
Según lo expresado por los dirigentes, lo que ocurrió en el
derrumbe de Copiapó es una situación que "evidencia la precariedad y
debilidad de las normas de seguridad en la mediana y pequeña minería en la que
trabajan en total, más de 90.000 personas en nuestro país".
Asimismo, en una declaración pública, indicaron que las
responsabilidades son compartidas, entre la empresa San Esteban y el Estado.
Al respecto señalaron que "esta tragedia es en primer
lugar responsabilidad de la empresa, porque en pleno conocimiento de las
falencias de seguridad de sus instalaciones, denunciadas por los propios
trabajadores mineros, no tomó las medidas necesarias para subsanarlas y mantuvo
la explotación del mineral".
Además, cuestionaron la fiscalización de la actividad minera en
Chile. En este sentido, el documento postula que "esta situación refleja
la profunda postergación y debilidad del Estado en su rol regulador y
fiscalizador".
"Es impensable que con los 16 Inspectores de Faenas,
actualmente existentes en la dotación del Sernageomin para todo el país, se
pueda fiscalizar adecuadamente las más de 4.500 explotaciones mineras
existentes entre Arica y la Región Metropolitana".
En la misma línea,
criticaron la seguridad de las labores y los "escasos recursos" que
entrega el Gobierno para proteger a los trabajadores, lo que a juicio de los
funcionarios es debido a que "se privilegia el interés privado ante
cualquier otra consideración, incluso la vida y la seguridad de las
personas".
Finalmente, "exigieron" el fortalecimiento del
Sernageomin, a través de "su reorientación, para ejercer la función
fiscalizadora que le corresponde, mediante la aprobación de un marco legal que
otorgue a la institución las facultades necesarias para ejercer un control
efectivo, que garantice la producción minera en condiciones laborales y de
seguridad acordes con los estándares que la OIT preconiza para los
trabajadores, tanto públicos como privados".
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