El Gobierno envió hoy al Congreso el proyecto de ley que busca introducir cambios y mejoras relevantes al actual sistema de transporte público de Santiago.
La iniciativa –que modifica y complementa el artículo 3º de
la Ley 18.696- considera una reformulación total de la forma en que hasta hoy
el Estado se interrelacionaba con las empresas operadoras del Transantiago,
equilibrando la cancha en favor del usuario.
En ese contexto, el proyecto entrega poderes al Estado
para asegurar el cumplimiento de los servicios por parte de los operadores y de
este modo resguardar a los usuarios en casos de incumplimiento.
Uno de los artículos de la iniciativa establece
que el "transporte nacional remunerado de pasajeros prestado en el marco de un
contrato de concesión, tendrá por finalidad satisfacer el interés público y
deberá propender a la prestación de un servicio de transporte eficiente, seguro
y de calidad".
La norma autoriza al Estado para instalar
un administrador provisional a un operador en caso de caducidad o quiebra y
nuevos causales de término en los contratos de concesión.
En la actualidad en estas situaciones el Estado tiene que
esperar 45 días para poder nombrar un administrador provisional que se haga
cargo de los buses, lo que pone en serios riesgos la continuidad del servicio
al usuario.
Además, la nueva ley da atribuciones para que el Ministerio,
a través de la Coordinación de Transantiago, pueda velar que las empresas
operadoras sean financieramente sanas y estableciendo
un sistema de alerta temprana, en caso de incumplimiento de sus diversas
obligaciones.
Según la nueva normativa, "el contrato de concesión
garantizará continuidad, permanencia y seguridad de los servicios
complementarios necesarios para cumplir con dicha finalidad, conforme a las bases
de licitación respectivas".
Con ello, las bases de licitación deberán contener causales
de modificación unilateral de los contratos de concesión por parte del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que tengan por objeto
garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia del servicio de transporte.
Aumento de las multas
Igualmente, en uno de sus aspectos más relevantes, el
proyecto de ley endurece las multas a los operadores en caso de incumplimientos
en la buena prestación del servicio.
Para eso, uno de sus artículos establece la "obligación de
informar por parte de los concesionarios y de su fiscalización", lo que permitirá que la posibilidad de
requerir informes e inspeccionar las instalaciones y vehículos
que comprende el servicio, revisar y exigir información contable, creando
multas que alcanzan las 200 UTM, por cada incumplimiento que se verifique y por
cada día de atraso.
En la misma línea, para garantizar la prestación de servicio
y locomoción a los usuarios, otro de los artículos considera la "regulación del
mutuo acuerdo como causal del término". Con esto, el concesionario estará
obligado a mantener la prestación del servicio por un periodo no inferior a
seis meses desde la fecha en que la resolución que le pone término esté
totalmente tramitada.
"Todas las modificaciones que estamos ingresando van en
directo beneficio de los millones de usuarios que hoy no reciben un servicio de
transporte público de calidad como se merecen", señaló Felipe Morandé.
A este proyecto, el Gobierno sumará otra iniciativa que
enviará en los próximos días y que busca terminar con las alzas de tarifas a
los usuarios, que regula un panel de expertos autónomo.
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