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REGÍSTRATE AQUÍTambién destacan la creación de microbancos alimentarios y el estado de “emergencia agrícola multidimensional” en todas las regiones.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 29 de agosto de 2022 a las 04:00 hrs.
Finalizada la primera etapa de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria (CNSSA), el Gobierno anunció el viernes diez propuestas relacionadas a acceso, logística y disponibilidad de alimentos.
Esta comisión se creó a raíz de la compleja situación que vive la agricultura a nivel mundial. A los problemas originados por el cambio climático y la sequía, se sumó la invasión de Rusia a Ucrania, dos países determinantes en la exportación de granos y fertilizantes, lo que presionó más aún las alzas en los costos poniendo en jaque al sector.
Además del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela el anuncio contó con la presencia de los titulares de Economía, Nicolás Grau, y de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Entre las medidas presentadas por el Gobierno, destaca la creación de una nueva ley de riego, que busca “corregir las brechas de equidad social y sustentabilidad ambiental, para alinear esta política pública con los objetivos del desarrollo rural sostenible y de la transición hídrica justa”.
Otras propuestas son fomentar la producción de cultivos tradicionales a través del financiamiento a productores, la creación de 70 microbancos alimentarios y una extensión de los créditos del programa Banco Estado Siembra por Chile.
A esto se suma el programa de entrega de fertilizantes a 71 mil productores que fue anunciado la semana pasada.
Por otra parte, el Gobierno agregó que también se presentó un proyecto de ley que crea un Fogape para el sistema alimentario.
Además, el Minagri decretó “emergencia agrícola multidimensional” en todas las regiones, con el fin de mitigar las situaciones gatilladas por razones climáticas y de precios que aquejan a los productores.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.