Con el pie en el acelerador, ayer la comisión mixta conformada para resolver las diferencias en torno al proyecto que suspende el corte de servicios básicos por no pago fijó el cronograma de trabajo, definiendo que hoy se continuará el análisis y el viernes se vote el informe hasta total despacho. Eso sí, invitando además a organismos reguladores.
Fue en este primer encuentro donde además los senadores José Durana y Álvaro Elizalde pidieron conocer la opinión del Ejecutivo en relación a este debate, más allá de la participación de los ministros de Energía, Juan Carlos Jobet y, su par de Transportes, Gloria Hutt, en la tramitación en el Senado.
Luis Ávila, Superintendente de Electricidad y Combustibles. Juan Carlos Jobet, ministro de Energía.
El subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, indicó que desde un comienzo el camino que buscó el Ejecutivo fue distinto, alcanzando un acuerdo con las industrias que proveen servicios básicos. Según explicó, “toda ley que pueda limitar de alguna u otra forma la propiedad, las ganancias de los regulados, sin que ello conlleve una compensación, podría eventualmente considerarse inconstitucional”. “Desde esa perspectiva, no es el gobierno el que ha impulsado ni va a impulsar una política de ese tipo”, recalcó.
Esa fue la razón, dijo, por la cual el Ejecutivo no ha tenido una participación permanente en este proyecto. “No porque no queramos que existan acuerdos vinculantes sobre esta materia, que existan obligaciones sino porque nos parece que hay un escollo de inconstitucionalidad que va más allá incluso sobre si los regulados y las compañías están de acuerdo o no con la ley”, agregó.
En esa línea, aprovechó de mostrar la inquietud del gobierno en materia sanitaria. Al respecto, pidió reevaluar que se haya eliminado finalmente un límite de metros cúbicos al consumo, ya que se puede prestar eventualmente para otros propósitos y por el ahorro que tienen que realizar las empresas en medio de la megasequía que enfrenta el país. Sobre el convenio alcanzado por el gobierno, enfatizó que no se trataba de un acuerdo de buena voluntad: “No hemos buscado un acuerdo blando, hemos buscado lo que es posible”.
Asimismo, en la cita se puso sobre la mesa una propuesta de algunos diputados y senadores para trabajar sobre ella ante las diferencias entre el proyecto de la Cámara y el texto del Senado.
Si bien Elizalde insistió en la necesidad que el gobierno tome una postura considerando que el proyecto -a su juicio- de todas formas se aprobará al contar con algunos votos del oficialismo, Ossa se limitó a comentar que estaban disponibles si se les pedía una colaboración técnica, asegurando que no se producirá una situación como la sucedida en torno al debate del permiso de circulación. "El gobierno no pretende ni robarle la idea a nadie ni pretende tampoco hacerse parte de algo que cree que no puede hacerse mediante ley, pero sí nos podemos a disposición para colaborar técnicamente en lo que requiera", sentenció.
Esta idea inquietó al senador Kenneth Pugh quien -además de señalar que enviaría a los parlamentarios un texto alternativo- sostuvo que lo presentado era un tercer proyecto que instalaba elementos que no debieran ser parte de la discusión. Ante esto, la diputada Joanna Pérez defendió la propuesta, reconociendo que no quieren abandonar el trabajo realizado en la Cámara. "Es un proyecto intermedio entre ambas posturas", dijo.
En esa línea, el diputado Jaime Naranjo recalcó que el texto pretende consensuar una posición para agilizar el trámite de este proyecto. Mientras, Elizalde sostuvo que "en rigor podríamos elaborar un texto completamente nuevo, pero siempre que esté dentro de las ideas matrices".
Senadores piden ingresar reforma a la distribución a la brevedad
En medio del debate en torno a los problemas por la facturación provisoria, ayer en la comisión de Minería y Energía del Senado reflotó la discusión en torno al esperado proyecto de ley larga de distribución, cuyo ingreso al Congreso se comprometió para marzo y aún no se ha presentado.
Al respecto, el ministro (s) Francisco López, sostuvo que el texto está "prácticamente listo", pero que dada la contingencia por el Covid-19 y la priorización de proyectos relacionados a la emergencia, la iniciativa "está a la espera de poder ser ingresado". "Si vemos espacios de tramitación, si vemos posibilidad de seguir avanzando a la brevedad posible y presentar el proyecto", aseguró, comprometiéndose además a extender las conversaciones prelegislativas al Senado.
En esa línea, el senador Guido Girardi propuso presentar algunas iniciativas para que se fusionen con el proyecto cuando el gobierno lo dé a conocer. "Si no ingresa, vamos trabajando el nuestro, eso va a presionar también para que se tenga que avanzar en esta materia", dijo.
López recalcó: "Vamos a tomar nota de eso para poder ingresarlo a la brevedad posible y poder ver la discusión en sede legislativa".
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