La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó un recurso de protección presentado por una comunidad indígena de la Región de Atacama, en contra de la aprobación ambiental del proyecto “Optimización Proyecto Minero Cerro Casale”, que realizó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Atacama.
En fallo unánime, el tribunal de alzada desestimó el recurso cautelar presentado por integrantes de la comunidad Colla y el diputado Lautaro Carmona (PC), en contra de la resolución que calificó favorablemente el proyecto minero de la Compañía Minera Casale (75% propiedad de Barrick Gold y 25% de Kinross Gold) para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré en las provincias de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera.
El fallo determina que no existió acto arbitrario y que se cumplió con la consulta a las comunidades indígenas en la tramitación del proyecto, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
El recurso expone una gran cantidad de motivaciones que tuvo en vista para calificar el proyecto del modo en que lo hizo, concluyéndose de todo ello que “no aparece en la especie que dicha resolución haya afectado las garantías invocadas por el recurrente, toda vez que la igualdad ante la ley se ha respetado en forma irrestricta desde el momento que la tramitación seguida por la entidad evaluadora se ha ajustado al estatuto protector de la comunidad recurrente efectuando la consulta respectiva” dice el pronunciamiento.
Añade que tampoco se pudo determinar la vulneración del derecho de propiedad y la garantía constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque ambos -precisó- no fueron mayormente explicitados en el recurso.
“La mentada resolución, en las condiciones anotadas, no resulta susceptible de causar menoscabo a alguna de las garantías constitucionales protegidas por la presente acción cautelar y, en particular, a aquella a que se hace referencia en el libelo, razón por la cual y desde esa mirada, el recurso de que se trata no podrá prosperar”, añade.
Cerro Casale es un proyecto que requiere una inversión de US$ 6.000 millones, fue aprobado con condiciones en enero pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama, y aún no tiene una fecha exacta para iniciar su construcción. La estimación de la Comisión Chilena del Cobre es que podría entrar en operación en 2019.
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