El pasado miércoles los asistentes al consejo gremial de Sofofa pudieron escuchar como ponente al presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA), Juan Miguel Ovalle. En el intercabio de impresiones, dicen los presentes, el lider del ente gremial se mostró extrañado de que aún no se informara el fallo del Tribual de Libre Competencia (TLDC), ante el caso pollos en el cual están involucrados.
Recién un día después, el tribunal dio a conocer su decisión de multar con la máxima cuantía a dos de las empresas involucradas, ordenado además la disolución de la APA. Ante la sentencia, los expertos han encendido las alertas sobre los precedentes que siembra sobre los gremios, quienes, en su defecto, decidieron analizar el tema al cierre del proceso judicial que vendrá.
El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, advirtió que no emitirán una opinión concluyente antes de que no exista una sentencia definitiva. “Reiteramos nuestra condena a cualquier práctica que atente contra la libre y leal competencia que debe operar en los mercados”, afirmó. En esa misma línea, el presidente de Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, aseguró que analizarán en detalle el dictamen “que por ahora no es definitivo, ya que es suscpetible de recurso de reclamación ante la Corte Suprema”.
Precedente
Mientras, los expertos de libre competencia coinciden en la importancia del documento. Éste, asegura, es un aviso a los gremios para efectuar una labor preventiva y podría generar un quiebre en la cultutra competitiva
Carla Bordoli, Socia en el despacho Bordoli, Doren & López, asegura que éste es “un fallo bien razonado y argumentado que trata de realzar la necesidad de que existan estas labores preventivas justamente en los gremios, porque son reuniones de competidores y, por lo tanto, verdaderos focos colusivos”. Además, cree que este fallo advierte del cambio cultural para gremios y empresas.
Cristian Doren, socio del bufete, agrega que la decisión “debería encender todas las alarmas de los gremios y que deberían pensar en acciones preventivas”.
Por su parte, Ricardo Riesco, socio de Philippi, cree que el caso implica que la prosecución de los cárteles por parte de la Fiscalía es una prioridad, que el tribunal está dispuesto a aplicar las máximas multas que establece el ordenamiento público y que las asociaciones gremiales deben trabajar para prevenir estos fenómenos, así como que las empresas podrían ser disueltas.
Asimismo, Bordoli destaca que es relevante que “el fallo pone la nota en que el tribunal puede revisar los plazos de prescripción del delito, incluso desde que se ideó el acuerdo colusivo”, así como agilizar la investigación del caso por parte de la fiscalía, para dar paso a la arista penal, evitando lo ocurrido en el caso farmacias.
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