La Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó su diagnóstico respecto a la consulta ingresada por la Asociación Gremial de Transporte Expreso Internacional (Astrex) -que agrupa a 22 empresas courier como FedEx, Chilexpress y DHL Express- al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El gremio busca que la entidad resuelva si el mecanismo de asignación de áreas en el aeropuerto destinada a compañías de envío de entrega rápida o expreso internacional, diseñado por la sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel, presenta riesgos para la libre competencia que, de ser ejecutado, implicarán la concentración del mercado
En su escrito, la FNE declaró que, a pesar de las deficiencias identificadas, fue posible descartar que el mecanismo haya generado distorsiones al proceso competitivo.
La sociedad concesionaria explicó que el mecanismo de asignación “no infringe ni tiene la aptitud para infringir la libre competencia”.
Sin embargo, la Fiscalía destacó que existen algunos espacios de mejora en términos de eficiencia, desafiabilidad e intensidad competitiva. Por ejemplo, la FNE enfatizó que se podría reformular la declaración jurada que se exige suscribir a los postulantes, de modo tal que no implique una renuncia de derechos o acciones respecto del mecanismo de asignación.
Además, la institución recalcó que se podría sustituir el criterio de selección empleado para la asignación de bodegas y terrenos eriazos; sumado a adoptar mayores medidas de publicidad y transparencia para hacer efectiva una mayor apertura al mercado a nuevos actores.
Nuevo Pudahuel responde
Por su parte, la sociedad concesionaria explicó que el mecanismo de asignación “no infringe ni tiene la aptitud para infringir la libre competencia”.
Nuevo Pudahuel añadió que el diseño del mecanismo presenta una serie de mejoras en comparación con oportunidades anteriores, las cuales se adecuan a la nueva realidad del mercado courier. “Todos los temores esgrimidos en la consulta respecto a una eventual afectación a la competencia son infundados. Ninguno de los supuestos riesgos anticompetitivos se materializó en la práctica (...) vemos en la consulta una excesiva preocupación por un mecanismo que fomenta la competencia y amplía los espacios disponibles para este tipo de carga”, concluyó.
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Laura Guzmán
