Tras aprobar las primeras relocalizaciones de concesiones en más de una década, el Gobierno sigue en una sorpresiva racha de amistad con la industria salmonera.
Este martes, el Ejecutivo salió a anunciar un acuerdo público-privado junto a las compañías AquaChile -filial de Agrosuper, la salmonera más grande del país- y la canadiense Cooke Aquaculture, para avanzar en la salida de las firmas acuícolas de parques nacionales.
El documento fue suscrito por los ministros de Economía, Nicolás Grau, y del Medio Ambiente, Maisa Rojas; por los subsecretarios de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, y de Pesca y Acuicultura, Julio Salas; y por los gerentes generales de Aqua, Sady Delgado, y de Cooke Chile, Andrés Parodi.
“La salmonicultura tiene que ser vista como parte de la solución y no del problema”, dijo Sady Delgado, gerente general de AquaChile.
El acuerdo considera el compromiso para relocalizar nueve concesiones acuícolas que operan dentro o cerca de los parques Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins. Las nuevas ubicaciones no estarán en otras categorías de áreas protegidas.
Por otro lado, las distintas organizaciones estatales involucradas se comprometen a coordinarse para “respetar los derechos adquiridos y el desarrollo de la actividad dentro de la normativa vigente, mientras se realiza la relocalización de las concesiones”.
Asimismo, se asegura que se trabajará en una hoja de ruta para avanzar en el “desarrollo y crecimiento sostenible de la industria”.
Con esta firma, el Gobierno asegura que tres de los cuatro parques nacionales en que existe actividad acuícola quedarán libres de salmonicultura, “gracias al compromiso de dos de las tres empresas que realizan allí sus actividades”.
La empresa restante es Nova Austral, hoy entrampada en una compleja reorganización judicial en la que adeuda más de US$ 560 millones y que, además, tiene judicializadas algunas concesiones que le habían sido revocadas por casos de sobreproducción.
Cambio de tono
La firma del acuerdo marca un punto de inflexión en las relaciones entre el Gobierno y las salmoneras, que ya se habían enfrentado en varias ocasiones, teniendo como el punto más tenso la tramitación de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), donde incluso hubo movilizaciones de trabajadores de la industria.
En esta ocasión, la propia Maisa Rojas, que protagonizó esas discusiones, declaró que “este protocolo de acuerdo es una demostración de que podemos sentarnos en la misma mesa para trabajar juntos y que podemos lograr ponernos de acuerdo en torno a objetivos comunes”.
De hecho, el documento suscrito por autoridades y gerentes, subraya que la salmonicultura se ha consolidado como una de las “actividades económicas más importantes y rentables de nuestro país, constituyéndose en un aporte relevante para el desarrollo económico”. Chile es el segundo productor del mundo tras Noruega.
No obstante, el mismo documento señala que la industria ha estado vinculada a crisis ambientales y sanitarias en los últimos años.
“La salmonicultura tiene que ser vista como parte de la solución y no del problema. Por eso estamos aquí, porque tenemos un trabajo que hacer y estar a la altura para engrandecer el sur de Chile”, dijo Sady Delgado, CEO de AquaChile.
El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, celebró el acuerdo y valoró el compromiso del Estado para acelerar las relocalizaciones.
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