El 25 de julio de 2023, el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS), organismo ligado a la Cámara Nacional de Comercio (CNC), convocó a una sesión especial para generar propuestas dirigidas a abordar la crisis de inseguridad y comercio ilícito.
En diciembre, el proceso se selló con el planteamiento de 30 medidas orientadas a combatir estos problemas en tres ejes: seguridad pública, comercio ilícito y comercio ambulante.
Un año más tarde, en la CNC dan cuenta del avance de este programa. Dado que varias de las propuestas requieren asistencia o patrocinio del sector público, la gran mayoría de ellas han sido presentadas al Ministerio del Interior, a la vez que dos tercios han sido incorporadas a una “fuerza de tarea” en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Dentro de estas, por ejemplo, en el eje de seguridad, se han incluido ideas como la creación de una base de datos unificada con organizaciones como el SII, Aduanas, policías, UAF y Ministerio Público; permitir utilización de lector de patentes en establecimientos privados de uso público; otorgar mejores herramientas a los guardias privados; y establecer modelos de policía municipal o regional para prevenir y perseguir ciertos delitos.
“Hoy nos encontramos en una profunda crisis de seguridad pública, en la cual, dentro de sus principales manifestaciones, está el aumento del comercio ilícito (contrabando, falsificación, pirataría, narcotráfico y venta de artículos robados), que además se ha traducido en una proliferación del comercio ambulante”, dice Sergio Morales, coordinador del OCIS.
Agrega que, por esto, “hemos transformado esta problemática en una preocupación central de la cual no solo asumimos un rol contemplativo o analítico, sino que queremos ser un actor activo en el aporte y materialización de propuestas”.
Avances
En el eje seguridad, también se propone generar convenios con gremios y empresas para que entreguen información al Ministerio Público y establecer beneficios tributarios para los gastos en seguridad que se realicen en locales comerciales.
En las próximas semanas se suscribiría un convenio de colaboración entre la CNC y el Ministerio Público para el primero de estos temas. Además, se está trabajando en un proyecto con la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco), para instalar una fiscal de foco en el barrio Meiggs, para atacar la extorsión y el crimen organizado.
En cuanto al eje de comercio ilícito, desde la CNC señalan que se han aumentado las fiscalizaciones por contrabando y que plantearon a la ministra del Interior y al fiscal Nacional la idea de una ley corta que “permita generar muestras representativas de productos decomisados, así como analizar la posibilidad de aplicar respecto de ellas una figura similar a la prueba anticipada”.
El gremio también llegó a un acuerdo con Aduanas para entregar contenedores en comodato y ampliar la capacidad de almacenaje de mercadería contrabandeada.
La CNC ha lanzado campañas vinculadas a canales de denuncia y asistencia para víctimas de delitos contra la propiedad intelectual y, la semana pasada, una específicamente enfocada en el combate contra la venta ilegal de medicamentos.
Morales considera prioritario erradicar la venta ilegal de productos que impliquen riesgo para la salud pública, como también lo pueden ser los cosméticos, alimentos o juguetes tóxicos.
El coordinador destaca que han “avanzadado decididamente con los marketplaces en materia de buenas prácticas que permitan denunciar proveedores que estén comercializando productos ilegales y que entregue información suficiente a los consumidores”.
Morales sostiene que “necesitamos concretar una política nacional sobre comercio ilícito (...) de manera de tener una presencia permanente en los espacios públicos y que vaya aguas arriba, para poder no solo perseguir a quien vende, sino a los proveedores, transportistas y almacenistas de estos bienes, que muchas veces pueden constituir figuras de crimen organizado”.
El tercer eje del plan: el problema del comercio ambulante
Como parte de este proceso de trabajo, la CNC realizó una encuesta que concluyó que el 63% de las personas cree que existe demasiado comercio ambulante en Chile. Respecto a este tercer eje, el gremio ha analizado distintas ordenanzas municipales, “detectando gran variación de criterios entre comunas, así como varios incumplimientos a la ley sobre comercio ilícito”.
Desde la CNC señalan que se han reunido con distintos alcaldes a nivel nacional, solicitando no entregar permisos precarios, o bien, limitarlos. “Contamos con la experiencia de Osorno en que su alcalde, de manera inédita, no otorgó permisos precarios durante la época de Navidad”, dicen.
Entre las propuestas del gremio, se incluye considerar delito la reiteración del comercio ambulante; planes de recuperación de espacios públicos; y permitir que los funcionarios municipales pidan la cédula de identidad en sus controles a vendedores ambulantes.
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