El Grupo Latamwin demandó a la Superintendencia de Casinos del Juego (SCJ) y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) por impedir el desarrollo de sus servicios, sin tener facultades vigentes.
En un escrito de 37 páginas, la plataforma de juegos online acusa a la SCJ y a Subtel de "regular, controlar y fiscalizar", sin reconocer las "limitaciones propias", ni ser entidades con la capacidad de "calificar el carácter legal o ilegal" de sus operaciones, de acuerdo a la acción judicial interpuesta por José Francisco García, socio de Gómez, Pallavicini & García Abogados.
Los problemas de la SCJ
La demanda acusa que el regulador de casinos -a través de la superintendenta Vivien Villagrán- promociona directa e indirectamente, acciones para impedir el desarrollo de los servicios lícitos y legítimos del Grupo Latamwin.
En su relato, explica que desde 2018 en adelante, la SCJ en diversos organismos públicos y organizaciones privadas apunta que el marco regulatorio general aplica a la explotación ilegal de apuestas en línea.
"El propósito expreso de apremiar, sin ordenar derechamente, a dichos organismos públicos o personas jurídicas de derecho privado a que la apoyen y adopten medidas oportunas, intentando, de esta forma, controlar de manera indirecta el actuar de las plataformas de apuesta en línea, ya sea en sus relaciones civiles y comerciales, en la declaración y pago de sus impuestos, la difusión de publicidad en distintos medios de comunicación, e incluso el bloqueo de los sitios web a través de los cuales las plataformas alojan sus servicios de apuesta", acusó Latamwin.
En ese sentido, Latamwin acusó a la SCJ de actuar por medio de terceros intermediarios, porque hasta el momento no ha ordenado directamente la adopción de medidas ni tampoco iniciado un procedimiento administrativo sancionatorio contra plataforma alguna. Sin embargo, "ha reconocido pública y expresamente carecer de competencias para regular, autorizar o fiscalizar el desarrollo y/o explotación de juegos y apuestas en línea", dijo el demandante.
El rol de Subtel
Por otro lado, Latamwin demandó a la subsecretaría de Telecomunicaciones afirmando que "hace suya" la tesis de ilegalidad de las apuestas en línea y solicita informes a diversas compañías de telecomunicaciones respecto del estado de cumplimiento de bloqueos de sitios web de plataformas de apuestas en línea, bajo la amenaza de aplicación de sanciones administrativas.
La plataforma explicó que de acuerdo con un oficio entregado el 28 de septiembre de 2023, Subtel ordenó a todos los operadores de Internet a bloquear los sitios web de 23 empresas de casinos online, y no únicamente Mundo Pacífico, el único obligado por el fallo de la Corte Suprema.
"Las autoridades demandadas en autos yerran en el marco jurídico aplicable a las plataformas de apuestas en línea, sosteniendo de forma reiterada en el tiempo no sólo la ilegalidad del juego y de las apuestas ofrecidas por las plataformas, sino también de otras actividades asociadas a la misma, sin efectuar mayores distinciones respecto del carácter civil lícito de los objetos de apuesta ofertados por mi representada, la ineptitud típica de las conductas desplegadas en términos penales, junto con no constatar la inexistencia de una norma prohibitiva expresa respecto del desarrollo de apuestas en línea", sostuvo Latamwin.
Encuesta del sector
Hace una semana, Panel Ciudadano sacó una encuesta en que se entrevistó a 1.006 personas de las 16 regiones del país. Allí, se arrojó que un 83% de los participantes apuntó que se necesita la igualdad de condiciones para los operadores privados de apuestas en línea y empresas estatales como Polla y Lotería. Solo un 17% está de acuerdo con otorgar un trato preferencial a estas últimas.
Carlos Baeza, abogado de Betsson, Betano, Coolbet, LatamWin, BetWarrior y 1XBET, destacó los resultados de la encuesta donde se demuestra una creciente conciencia y apoyo a la regulación en el sector: "Los hallazgos de este estudio muestran una clara tendencia hacia la comprensión y el respaldo a la regulación de nuestra industria. Una amplia mayoría de los encuestados quiere avanzar en una regulación que defina un trato igualitario entre operadores privados y estatales, así como una carga tributaria justa y equilibrada. Estos resultados son fundamentales en el contexto del debate parlamentario actual y nos impulsan a seguir trabajando en pro de un marco regulatorio que beneficie a todas las partes involucradas: operadores, el gobierno y, lo más importante, nuestros usuarios".
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