En una acción legal ingresada en febrero a tribunales, Julio Ponce, a través de la sociedad de inversiones SQ, solicitó investigar a quienes resulten responsables de hacer bajar el precio en bolsa de las acciones de Oro Blanco y Norte Grande durante 2012, para luego comprar las mismas a un menor valor.
Sus dardos apuntan a Moneda. Y es que a fines de 2011 comenzaron las disputas entre los institucionales y las cascadas, donde Moneda tomó protagonismo. De hecho, fue quien escribió un documento titulado “Potenciales abusos contra accionistas minoritarios”, en el cual se señalaba el eventual perjuicio que estarían provocando las compras y ventas entre las cascadas realizadas por Julio Ponce.
Tras esto, las acciones de Oro Blanco y Norte Grande cayeron, punto que toma la querella, pues acusa que Moneda habría comprado unos $ 7.500 millones en papeles de ambas sociedades, aprovechando la baja en el valor de los papeles.
La acción penal agrega que en una información de prensa publicada el 2 de septiembre del año pasado se aseguró que Moneda habría resuelto bloquear la compra de los citados papeles desde abril de ese año. Esto, expone la acción penal, sería falso.
Fuentes de Moneda sostienen que la firma ya aportó a la SVS todos los antecedentes, asegurando que los delitos imputados son totalmente falsos.
Los fundamentos
En la querella, presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se habla de infracción a los artículos 59 y 60 de la Ley de Mercado de Valores, situación no menor. De hecho, el primer artículo dice que “sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo”, quienes “maliciosamente proporcionaren antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la Superintendencia, a una bolsa de valores o al público en general”.
En tanto, en el artículo 60 de la misma ley se señala que “sufrirán las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados”, aquellas personas, ejecutivos, directores u otros que realicen operaciones de valores con información privilegiada.
Si bien la acción judicial va dirigida contra quienes resulten responsables, en ella se pide citar a declarar al presidente de Moneda, Pablo Echeverría entre otros.
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