A casi un mes de la presentación del recurso de impugnación por parte del consorcio Sonda-Thales en contra del Registro Civil, el servicio administrativo respondió al intento de desestimar la readjudicación a Idemia de la licitación del Nuevo Modelo de Pasaportes y Cédulas de Identidad. Y tal como se esperaba, la entidad estatal defendió a toda costa la decisión de entregar nuevamente el contrato a la operadora francesa y advirtió serios costos fiscales en caso de suspender el proceso.
Según la UTP Sonda-Thales, la readjudicación del contrato "vulneraría los principios de legalidad, estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes y transparencia". Y además da cuenta de la omisión de una serie de antecedentes técnicos por parte de la Comisión Evaluadora en el proceso de revisión de ofertas.
Por tanto, exige dejar sin efecto la resolución de la nueva adjudicación y retrotraer el concurso "hasta el inicio del proceso de admisibilidad y evaluación de las ofertas". Esto, con la idea de evaluar "debidamente y conforme a las Bases de Licitación" la totalidad de los requerimientos de admisibilidad de los competidores.
Sin embargo, en un documento de 41 páginas, la abogada Procuradora Fiscal de Santiago a cargo de representar al Registro Civil, Ruth Israel López, explica que, si bien el recurso fue presentado por Sonda-Thales dentro del plazo establecido, no asocia "el objeto ni la causa al contenido de la citada resolución", sino que se limita a actos administrativos que corresponden a la primera etapa del proceso licitatorio, y que ya han sido impugnados por la misma empresa en dos causas anteriores.
Y es en este mismo contexto, el Registro Civil repara en dos de los puntos que ataca Sonda-Thales: "la seguridad y carácter técnico" de la oferta de Idemia y la falta de poder de la firma francesa para adjudicarse el contrato. De manera que, tal como menciona el texto, "no existe absolutamente ningún fundamento jurídico" que haga alusión directamente a la readjudicación de la licitación; es decir, a la etapa 2.
Asimismo, concluyen que Sonda-Thales tomó conocimiento "de los verdaderos actos administrativos" que tienen relación con la presentación del informe de admisibilidad y evaluación técnica, ocurrido el 21 de julio de 2021. Por lo que, desde esa fecha, han transcurrido más de 10 días hábiles, lo que excede el plazo para incurrir en una demanda de este tipo.
En este sentido, el Registro Civil también pide al Tribunal de Contratación Pública rechazar la demanda en todas sus partes. Y advierte que "la suspensión del presente proceso licitatorio generaría perjuicios no solo para la Administración del Estado, sino que también para la población". Pues, el servicio tiene el deber de asegurar la continuidad operativa del sistema, por lo que se vería obligado a prorrogar más allá de lo previsto el contrato actualmente vigente (con Idemia).
"Es de señalar que el gasto que generaría para el Servicio el hecho de prorrogar el contrato celebrado con la empresa Idemia más allá de lo previsto es, en estos momentos, incalculable y, en consecuencia, se podría llegar a producir un grave detrimento para el patrimonio fiscal", señala.
Caso de Asino y desconocimiento de antecedentes
Otro de los puntos en el recurso de impugnación tiene que ver con la omisión de aspectos técnicos y administrativos del resto de los competidores durante el proceso de revisión de las ofertas. Pero desde el servicio estatal se defienden y argumentan que, de acuerdo a lo expuesto en los informes, "la Comisión Evaluadora en ningún caso omitió la evaluación de todos los antecedentes técnicos de los oferentes".
Haciendo referencia al caso del consorcio chino Aisino, el Registro Civil explica que, si bien se estimó que la empresa "vulneró el pacto de integridad" y, en consecuencia, se dejó sin efecto la adjudicación, en "ningún caso implica que el Servicio no haya evaluado los antecedentes de todos los oferentes".
Además, el servicio administrativo apunta que la firma demandante "concluye erróneamente que Idemia no cumplió con el requisito previamente indicado". Pero, las ofertas técnicas de las empresas participantes no se encuentran visibles a través del Portal de Mercado Público, debido a razones de seguridad. Por lo que se concluye que Sonda estaría planteando una situación con total desconocimiento de la oferta de la actual operadora francesa.
Eventual fraude y falta de poder por parte de Idemia
Por otro lado, el consorcio Sonda-Thales afirma que uno de los requerimientos clave de la licitación el asegurar que el contratante debe "asegurar el servicio que, en cualquier caso, donde el Pasaporte se vea en riesgo de fraude, se tomarán todas las medidas tanto preventivas como correctivas que sean necesarias". Lo anterior, con tal de "evitar o mitigar un incidente de esta naturaleza",
Y que a juicio de Sonda no se cumple, considerando la investigación en curso sobre incidentes de fraude en la emisión de pasaportes que ha tenido Idemia en la operación actual con el Registro Civil.
Pero desde el servicio administrativo aseguraron que este argumento "carece de fundamento, ya que el modelo actual y el nuevo modelo de sistema de identificación contemplan diseños distintos y, por ende, no es posible sostener que los fraudes investigados en la emisión de pasaportes ocurridos en el pasado se volverán a repetir en el futuro por el solo hecho de ser contratados al mismo proveedor".
Asimismo, la firma demandante indica que la oferta y documentos de Idemia fueron firmados por don Thierry Bertrand Marie De Saint Pierre Sarrut, representante de la empresa francesa, quien no contaría con las facultades para firmar los documentos relativos a la licitación y presentar la oferta. Pero desde el Registro Civil desecharon este punto y dijeron que, según lo constatado, se pudo constatar que el poder otorgado "se le confirió expresamente para efectos de actuar en representación de la sucursal en Chile de Idemia Identity & Security France, ante todo tipo de autoridades y entidades públicas o privadas".
"Por otra parte, el hecho de que don Yann Dalabriere haya asumido como presidente y director de Idemia el día 18 de octubre de 2018, no implica en ningún caso que éste no haya contado con las facultades necesarias para delegar en don Thierry de Saint Pierre Sarrut los poderes ya señalados, pues para ello no se requiere contar con un determinado cargo, sino que solamente estar investido de determinadas facultades", señala el texto.
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