A mediados de septiembre, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) confirmaba a DF que su preocupación por abordar la situación de las salmoneras en las áreas protegidas persistía.
Durante la tramitación de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el Gobierno sufrió una derrota. Tras un empate en la Comisión Mixta del Congreso, la indicación que eliminaba, a futuro, las concesiones acuícolas en reservas nacionales y forestales, quedó excluida del proyecto.
No tardó en haber novedades. Con fecha 22 de septiembre, la cartera liderada por Maisa Rojas, emitió un oficio para aclarar “algunos efectos que resultan aplicables” en el marco de la entrada en vigor de la Ley SBAP.
“El Ministerio siempre debe respetar la decisión soberana y autónoma de otros órganos del Estado, como fue lo aprobado y rechazado por el Congreso”, dice la presidenta del Consejo del Salmón.
El documento, firmado por Ariel Espinoza como subsecretario (s) del Medio Ambiente, dice que si bien la norma establece que las concesiones sectoriales que recaigan en áreas protegidas se regirán por sus leyes respectivas, hay una novedad regulatoria: la nueva ley establece el requisito de que el área en que esté la concesión cuente con un plan de manejo y que la actividad sea compatible con sus objetivos.
De este modo, el razonamiento del Ejecutivo es: “Mientras un área protegida, independiente de su categoría de protección, no cuente con plan de manejo vigente, no podrán otorgarse concesiones, debiendo quedar suspendida la tramitación (…) hasta la aprobación del respectivo plan de manejo”.
Con esto, la circular agrega que el órgano competente para otorgar la concesión, deberá requerir un informe favorable del SBAP para entregarla definitivamente. Como el nuevo servicio aún no se encuentra en funcionamiento, mientras tanto, este informe dependerá de otras instituciones como Conaf o la Subsecretaría del Medio Ambiente, dependiendo de la categoría del área protegida.
Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón. Arturo Clement, presidente de Salmonchile. Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente. Fotos: Julio Castro
El oficio fue enviado a los ministerios de Defensa, Economía, Bienes Nacionales, Hacienda, Energía, Minería, Agricultura y Justicia y a la Corte Suprema.
Oposición salmonera
Rápidamente, tras conocerse la circular, la industria salmonera se manifestó en contra de la misma. Los principales gremios del sector dijeron estar analizando la circular y sus posibles impactos.
“En la práctica, se suspende vía oficio e indefinidamente eventuales fusiones y relocalizaciones de concesiones en áreas protegidas, condicionándolas, primero, a la elaboración de los planes de manejo y, luego al informe de compatibilidad”, dijo SalmonChile, gremio que preside Arturo Clement. “Cuando un país requiere inversiones y crecimiento económico, no se entiende que en paralelo se dicten normas que inyectan incertidumbre”, añadió.
Por su parte, Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón, que agrupa a cinco grandes empresas del sector, deslizó: “Es importante recordar que en Chile existen principios rectores que, más allá del análisis que estamos haciendo, se tienen que mantener (…) En este caso el MMA siempre debe respetar la decisión soberana y autónoma de otros órganos del Estado, como fue lo aprobado y rechazado por el Congreso”.
Seguel señaló que, por esto, las concesiones salmoneras del sur deben regularse en la futura Ley de Acuicultura que se ha propuesto desde el mismo Gobierno.
Ministerio se defiende
Consultado por DF, el MMA retrucó las críticas. La cartera afirmó que el documento “no imparte instrucciones a los diversos órganos del Estado correspondientes, sino que les comunica la entrada en vigencia de una disposición legal que resulta aplicable desde la publicación de la ley”.
En ese sentido, el Ministerio subraya que la ley aprobada establece “textualmente” el requisito de que, para el otorgamiento de concesiones, debe haber un plan de manejo vigente.
“Es esencial destacar que este oficio tiene como objetivo principal informar a los demás ministerios de que la Ley 21.600 (SBAP) está plenamente vigente”, agregaron desde Medio Ambiente.
En contraste a los gremios salmoneros, Greenpeace Chile apoyó la acción del Gobierno.
“Este oficio no incorpora elementos nuevos, sino que clarifica cómo se va a cumplir con la ley. Y en esto, para nosotros es muy relevante mencionar que, durante muchos años y antes de la existencia del SBAP, en Chile no se ha cumplido con la ley en lo que respecta a áreas protegidas. Prueba de ello es que hoy tenemos, por ejemplo, concesiones de salmonicultura dentro de parques nacionales, a pesar de que la propia Contraloría General de la República ha dicho que esto es ilegal. Sistemáticamente, los organismos públicos han interpretado mal la ley”, arremete Estefanía González, coordinadora de campañas de la ONG.
Y es que hace años, la poca claridad en la regulación de las concesiones acuícolas ha sido una de las principales críticas que existe, a la vez, a favor y en contra de la controvertida industria salmonera.
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