Jéssica Esturillo O.
Sobre la marcha la Superintendencia de Medioambiente (SMA) ha adecuado sus planes de trabajo. Es así que durante sus seis primeros meses de funcionamiento la entidad ha duplicado sus fiscalizaciones a empresas del sector salmonero, respecto del programa previsto inicialmente para este año.
El jefe de la división de Fiscalización de la SMA, Kay Bergamini, explicó ayer en el marco de un seminario que el 15% de las inspecciones realizadas en este período corresponden a este sector, mientras que en principio estaba previsto que esta industria representara sólo un 7% del total.
En el organismo explicaron que este incremento responde a la cantidad de denuncias recibidas y al uso, en virtud de acuerdos con entidades europeas, de tecnología satelital que ha dejado en evidencia que el principal incumplimiento de las empresas de este sector es exceder los límites de operación autorizados en sus resoluciones de calificación Ambiental (RCA). De hecho, actualmente existen tres procesos sancionatorios en contra de firmas de este sector.
De esta forma, las salmoneras se ubican como la tercera industria más fiscalizada por el organismo. En segundo lugar se ubica la minería, con un 21% de las acciones. Inicialmente estaba previsto que esta actividad encabezara el trabajo de la SMA, con un 27% del total, sin embargo ha sido superada por las fiscalizaciones en el área de saneamiento ambiental (plantas de tratamiento de aguas servidas y rellenos sanitarios), que representan el 26% del total.
La cuarta ubicación, con 13% de las inspecciones lo ocupa el sector de energía.
Balance
El superintendente de Medioambiente, Juan Carlos Monckeberg, hizo un balance de la gestión de la SMA en sus primeros meses de funcionamiento e indicó que el 86% de los proyectos fiscalizados presenta algún grado de incumplimiento, una cifra que contrasta con el 10% que arrojaba este mismo proceso previo a la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental.
Monckeberg además advirtió cierta preocupación porque algunos de los 15 servicios públicos que apoyan la labor de la SMA, mediante convenios voluntarios, podrían dejar de fiscalizar estas materias ambientales.
“Dos servicios públicos nos avisaron que en 2014 no tendrían prioridad para fiscalizar porque no poseen presupuesto ni programas en este sentido y por lo tanto tendríamos que acudir a la Dipres con todo lo que ello implica”, dijo el Superintendente.
De todas formas descartó que esta actitud pudiera ser generalizada por parte de los organismos, pues varios de ellos tienen una clara cultura de fiscalización. A ello sumó que en los próximos seis meses, una vez tramitado el reglamento correspondiente, deberían estar en condiciones de externalizar estas labores a empresas y laboratorios especializados.
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