El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) explicitó su posición en medio de la controversia generada en el sector inmobiliario por causa de dictámenes de la Contraloría que pusieron en tela de juicio una serie de proyectos en Las Condes.
En noviembre, la cartera instruyó a sus Seremis para que pongan en marcha un proceso de aplicación uniforme en cada municipio a nivel nacional, de la norma que, a su juicio, confirma la validez de “todos los incentivos y condiciones contenidos en los instrumentos de planificación intercomunales y comunales establecidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 21.078 sobre Transparencia del Mercado del Suelo”.
Esta normativa -que establece un Sistema de Aportes al Espacio Público- es clave para la aprobación de los proyectos inmobiliarios, ya que da validez a los permisos de construcción otorgados por direcciones de obras municipales con anterioridad a su entrada en vigencia el 15 de febrero de este año. Sin embargo, la resolución 12.825 emitida por Contraloría han amenazado con poner en jaque un conjunto de inversiones en curso en comunas como Las Condes, y que fuentes de sector estiman en unos 80 desarrollos afectados.
Según la Fundación Defendamos la Ciudad, la Dirección de Obras de Las Condes aplicó una “norma viciada contenida en el articulo 16 del Plan Regulador comunal contradiciendo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que fija la manera de aplicar bien el coeficiente de constructibilidad”.
El Minvu informó que el 28 de noviembre instruyó a sus seremis “con el objetivo de llevar adelante un trabajo colaborativo y coordinado con las Direcciones de Obras Municipales (DOM), a fin de que la norma urbana vigente pueda ser aplicada de manera correcta y homogénea en todas las comunas”.
Al respecto, puntualizó que uno de los objetivos principales fue la Circular DDU N°413 emitida el 12 de septiembre pasado, en la cual “se refuerza lo establecido por el Parlamento en cuanto a la validez de todos los incentivos y condiciones contenidos en los instrumentos de planificación intercomunales y comunales, siempre que aquellos hayan sido establecidos con anterioridad a la vigencia de la ley que establece un Sistema de Aportes al Espacio Público”.
A partir de esta base, el Minvu aclaró que los municipios —a través de sus DOM— “están dotados de las herramientas jurídicas y técnicas para aplicar la normativa y, de esa forma, resolver los conflictos particulares”. En este punto, la cartera aclaró que como institución “no le corresponde pronunciarse por alguna situación de uno o varios proyectos que en particular presenten algún cuestionamiento”.
Alerta por Contraloría
El pronunciamiento de Minvu en relación el marco normativo para las exigencias, límites y aportes de los proyectos inmobiliarios aclara el rayado de cancha para las empresas desarrolladoras, las cuales han declarado su alerta tras los dictámenes de Contraloría motivadas por denuncias de la Fundación Defendamos la Ciudad, que cuestionan eventuales irregularidades en el otorgamiento de permisos de edificación. En este sentido, el acto que tuvo mayores repercusiones fue el dictamen N°12.827 del 23 de mayo de 2018, que calificó como improcedentes en materias de anteproyectos, permisos de edificación y vicios en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes.
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