La fórmula que baraja el próximo gobierno para destrabar las inversiones


“Retomar desde el primer día el tiempo perdido” en materia de inversión energética y minera, es una de las prioridades del nuevo gobierno. Así lo anunció hace un par de días el jefe del comité económico y ministro de Hacienda designado, Alberto Arenas.

Una de las fórmulas que las nuevas autoridades tienen la intención de aplicar, según habrían manifestado durante los últimos días en algunos de los encuentros sostenidos con distintas instancias, es restablecer la coordinación entre los ministerios de energía, minería y medioambiente.

Conocedores de los planes de la administración que encabezará Michelle Bachelet, comentan que la constatación de dos hechos activó las alarmas: en los próximos cuatro años no está prevista la entrada de ningún proyecto de generación eficiente de magnitud y más del 40% de la cartera de inversión minera figura suspendida o retrasada. A ello hay que sumar que el rechazo ciudadano y la judicialización son el denominador común de ambas situaciones.

Quienes han compartido con las autoridades designadas dicen que el análisis del nuevo gobierno apunta a que en los últimos cuatro años la relación de las carteras de Energía y Minería con la de Medio Ambiente prácticamente fue nula, algo que se explica porque generalmente sus intereses están contrapuestos.

Si bien reconocen que este vínculo nunca ha sido estrecho, algo que quedó en evidencia en el período anterior de Bachelet, la idea que tendrían las nuevas autoridades es establecer un canal de comunicación permanente.

Algo de eso se habría dado el miércoles, ya que además de los miembros habituales del comité económico (Hacienda, Economía, Trabajo, Agricultura, Energía y Minería) también llegó hasta el comando de la presidenta electa el titular designado de Medio Ambiente, Pablo Badenier.

Aunque no hay claridad respecto de la figura que se utilizaría, trascendió que podría ser instalando “fast trackers” en estos tres ministerios. Ellos no sólo estarían vinculados entre sí, sino que también llevarían la relación con las empresas de ambos sectores, con el objeto de conocer sus inquietudes y anticipar eventuales escenarios de conflicto, ya sea, por ejemplo, producto de la gestión de la Superintendencia de Medio Ambiente o de la evaluación ambiental de proyectos.

En la industria eléctrica y minera admiten que en los últimos cuatro años escasearon los espacios de interacción con la autoridad, lo que -dicen- queda en evidencia al ver el estado de virtual paralización del flujo de inversiones.

Una de las intenciones del nuevo gobierno es reducir los flancos de judicialización de las iniciativas de inversión, básicamente con el objeto de de viabilizar la materialización de nuevos proyectos.




Nuevas áreas


Este interés de la administración entrante por abordar la realidad energética de una forma más amplia se refleja en el Ministerio de Energía, donde instalarían nuevas divisiones que abordarían especialmente los temas de relaciones comunitarias en general e indígenas en particular, así como medio ambiente y sustentabilidad. Esto último quedaría a cargo de Nicola Borregard, quien antes estuvo a cargo del extinto Programa País de Eficiencia Energética y dejaría la Fundación Chile para sumarse a la cartera que dirigirá Máximo Pacheco.

El superintendente del Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg, aseguró que la resolución con la que sancionarón al proyecto minero Pascua Lama en mayo pasado, y que recientemente fue anulada por el Tribunal Ambiental que la calificó de arbitraria e ilegal, tiene sustento.
"Nosotros creemos que evidentemente hay fundamentos jurídicos para respaldar nuestra actuación", sostuvo Monckeberg. En ese sentido, el superintendente aseguró que están "evaluando otras instancias y si eso plenamente se decide, será la Corte Suprema la que finalmente defina cual es el criterio que se debe aplicar".
Consultado sobre la implicancia que podría tener este fallo sobre otros casos, como el del proyecto minero Caserones, Monckeberg dijo que "hay que ver qué ocurre finalmente con esta discusión, hay vías que no se han agotado y eventualmente, cuando se zanje esta discusión, hay que ver cuál es el impacto que tiene esa decisión en los otros casos que están en tramitación".
Por otro lado, ayer la SMA entregó su primera cuenta pública. En ella informaron que en su primer año de funcionamiento realizaron más de 7.800 actividades de fiscalización y seguimiento ambiental, inició 70 procedimientos sancionatorios y recibió más de 1.600 denuncias, de las cuales 36,6% fueron hechas por la ciudadanía.
Por último, aseguró que los sectores económicos más fiscalizados durante el 2013 fueron saneamiento ambiental, minería, energía y pesca y acuicultura.