La judicialización de proyectos eléctricos

Se ha sostenido en el último tiempo que la “judicialización” de los proyectos de inversión, en especial los energéticos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es el responsable del retraso de los mismos. Ese juicio en mi opinión es equivocado: la tasa de litigios ambientales en la evaluación ambiental es inferior al 0,002 % de los proyectos aprobados anualmente y en la mayoría de los casos las razones de esa judicialización no se vinculan directamente a la evaluación ambiental.



Una de las razones que explica esta situación se encuentra vinculada a que el SEIA es un procedimiento que internaliza con mucha facilidad los déficit de la política pública general, y que por su diseño –evaluar casos concretos- jamás estará en condiciones de solucionarlos como lo constituyen los problemas de Ordenamiento Territorial.

Esto explica, que con indiferencia de los comentarios que merezcan algunos casos concretos resueltos por la Corte, el problema de los proyectos eléctricos no está en la judicialización, sino en un inadecuado o derechamente ausente perímetro regulatorio que permita precisamente dar certeza a todos los interesados.

Por eso lo que sucederá desde el 28 de diciembre en adelante es tan relevante. A partir de ese día comenzarán a funcionar dos instituciones claves de la reforma ambiental para permitir algunas certezas. La Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales. ¿Qué sucederá entonces? Probablemente la principal interrogante estará en cómo decantará el litigio ambiental considerando que la mayoría de la judicialización se ha dado a través del recurso de protección.

La administración de ese dilema quedará en manos de la Corte Suprema. A ella le corresponderá moderar ese litigio, porque con indiferencia de la posición que la Corte tuvo al oponerse al modelo de tribunales especiales, lo cierto es que seguirá decidiendo con carácter definitivo estos casos.