Enfocado en realizar las últimas diligencias solicitadas por las defensas de los ex ejecutivos de La Polar y a preparar las acusaciones contra ellos, se encuentra por estos días el equipo liderado por el fiscal José Morales, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.
la Fiscalía Centro Norte. Según explicó Morales, hace unas dos semanas se decidió dividir la investigación en dos grupos: en el primero, que es la causa principal, se consideran a quienes ya se encuentran formalizados: Pablo Alcalde, María Isabel Farah, Julián Moreno, Nicolás Ramírez y Santiago Grage, entre otros.
En la segunda causa están ex directores y ex ejecutivos de menor rango, quienes si bien fueron querellados en su momento o prestaron declaración como imputados, no tienen una formalización en su contra.
En este grupo también se encuentra la auditora PWC y clasificadoras de riesgo.
No más formalizados
El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad afirmó que "por ahora la fiscalía no tiene considerado formalizar a ninguna otra persona, de ninguna de las dos causas", agregando que las investigaciones en este caso ya estaban próximas a finalizar.
Cabe recordar que en este proceso, cuya investigación se encuentra próxima a cumplir dos años, algunos de los formalizados arriesgan penas efectivas de hasta 15 años de presidio.
El caso La Polar estalló luego que se detectaran irregularidades en el manejo del negocio crediticio del retailer, con masivas repactaciones unilaterales de clientes y que derivó en un hecho esencial enviado el 9 de junio de 2011 por la firma a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) donde se reconocieron prácticas crediticias "no autorizadas por el directorio".
En marzo de 2012 la SVS sancionó a 22 ex ejecutivos y ex directores de la multitienda además de la auditora PWC y un socio de ésta, con un monto que en total suma unos $ 2.750 millones equivalente a US$ 5,6 millones.
El informe pericial realizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que fue encargado por la fiscalía, concluyó que la distorsión de la información contenida en los estados financieros para el período 2006 a julio de 2011 era tal "que permitió encubrir el patrimonio negativo de la empresa, escenario que haría inviable la sostenibilidad de ésta en el mercado de valores y financiero, generando impactos negativos ante la asimetría de información con los distintos actores de dichos mercados".
Respecto a los principales indicadores financieros, el estudio señala que en relación al leverage (razón pasivo sobre patrimonio), incluso no se puede desprender información relevante ya que desde el 2006, luego de que los peritos aplican los ajustes contables, el patrimonio se hace negativo en todos los años analizados, y de manera especialmente considerable en ese primer período.
Finalmente, en cuanto a los directores, se concluyó que la información que les era entregada era cada vez menos, y con menor profundidad.
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