Por Equipo Política
El 15 de junio de 2011, la Sala de la Cámara de Diputados otorgó el mandato a la comisión de Economía para investigar las responsabilidades, los vacíos legales y las atribuciones de los entes fiscalizadores a raíz del caso La Polar, en lo que fue el inicio de una arremetida parlamentaria con diversos proyectos tendientes a aumentar la fiscalización y cautelar los derechos de los consumidores.
Fue así como se puso en el foco del debate diversos cambios legales. Desde el gobierno presentaron el proyecto que crea el Sernac Financiero, el que reduce la Tasa Máxima Convencional (TMC) y el que consolida la deudas crediticias, entre otros.
Asimismo, desde diversos sectores políticos se apoyaron normas tendientes a evitar el mal uso de Dicom, mayor protección de los datos comerciales, buscar más competencia en la banca y que se justifique por escrito el no otorgamiento de un crédito.
El Ejecutivo se abocó a la presentación de varios proyectos ligados al caso La Polar. Entre estos destaca el MKB en lo relativo al fomento a la competencia; y el que establece la tributación de derivados. Otras normas emitidas por el Ministerio de Haicenda corresponden a la entrada en vigencia del reglamento de créditos universales, la nueva norma de transparencia de las corredores de valores.
De la misma forma, se encuentran en trámite la norma de supervisión basada en riesgo para las compañías de seguro. Sin embargo, aun está pendiente quizás el más importante de los proyectos aunciados por la autoridad y donde el caso La Polar dejó al descubierto serias debilidades: El proyecto que reformula las superintendencias y crea la Comisión de Valores y Seguros, modernizando la institucionalidad de las entidades fiscalizadoras del mercado de capitales estableciendo un cuerpo colegiado. Dicho proyecto está comprometido para ser presentado el primer semestre del presente año.
Comisión investigadora
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso propuso en sus conclusiones la necesidad de hacer cambios legislativos tendientes a incrementar los costos asociados a los delitos económicos y financieros, un incremento en la severidad de las penas asociadas a este tipo de delito de forma tal de terminar con la sensación colectiva de impunidad que se tienen respecto a estos hechos.
El informe sostiene que “debe existir un tratamiento especial y más severo respecto de quienes cometen fraudes o estafas a grupos de personas, afectando el patrimonio de mucha gente y dañando severamente la fe pública”.
Afirman que “no sólo se deben aumentar las multas, se propone establecer la figura del fraude colectivo, cuando las víctimas de esta acción delictual sea un grupo de personas, o que mediante el uso de ésta se afecte, en el tiempo, de manera individual, a una gran cantidad de ellas”, sugiere el informe.
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