El ex vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras; Matías Mori, fue recientemente nombrado como asesor externo del gobierno chileno en el caso El Clarín. De esta forma, el estado busca reforzar la defensa sumando un actor clave en el proceso. Esto porque en su antiguo cargo, y luego de su experiencia profesional en NYC, Mori encabezó la representación de Chile durante el tiempo que permaneció en la dirección del organismo.
Según entendidos, este nombramiento también viene a reforzar la premisa de que en el país las materias de inversiones extrajeras son política de estado que trascienden los gobiernos de turno. Destacando además, que por lo anterior, no es casualidad que Chile sea una de las naciones que menos juicios tiene ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Cabe recordar que Mori renunció a su cargo en el Comité de Inversiones Extranjeras en septiembre pasado, aludiendo razones personales. Actualmente, este abogado de la Universidad Católica, con máster en derecho en la Universidad de Chicago y máster en administración pública en la escuela de Gobierno de Harvard, también está organizando su vuelta a la práctica privada.
De este modo, la defensa del Estado de Chile se encuentra dirigida por Carlos Dettleff, actual vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras; y los abogados Paolo Di Rosa, de Arnold and Porter en Washington; Jorge Carey y Gonzalo Fernández, de Carey y Compañía; y Matías Mori, de Alliende, Villaroel, Lecaros y Aste.
El proceso
El caso Clarín es una disputa que se ha prolongado por más de 16 años entre el Estado chileno y los ex dueños del diario del mismo nombre, tras la expropiación que realizó la dictadura de Augusto Pinochet.
Desde el 8 de julio pasado está en proceso de constitución el tribunal especial de arbitraje, determinado por el Ciadi, y que tiene como objetivo fijar el monto de la indemnización que el estado debiera pagar a Víctor Pey. Esto porque, el último fallo del tribunal determinó el pago de una indemnización de US$ 10 millones, pero dicho monto fue anulado.
Mientras tanto en España, Víctor Pey solicitó a una corte local que se embarguen los bienes del estado chileno para asegurar el pago de indemnización, lo que fue acogido. Sin embargo, luego de la decisión del Ciadi de establecer un nuevo arbitraje para fijar la cifra de la reparación, se congeló esa arista del caso.
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