A dos semanas del ingreso de la reforma a la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente al Congreso, que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea) presentó este miércoles una carta abierta a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, acusando falta de recursos en la institución y de participación en la reforma hoy en trámite.
Indican que, como decisión unánime en Asamblea de Dirigentes y Delegados Regionales y Nacionales, se dirigen a Durán para expresar "desazón, preocupación y molestia del funcionariado del SEA ante su gestión en la administración del SEA".
Uno de los motivos es la "falta de participación en las modificaciones del SEIA que luego aplicarán los mismos trabajadores del SEA". Según explican, "el Reglamento del SEIA que acaba de ser modificado sólo tuvo una encuesta como modo de recoger planteamientos de los funcionarios del SEA, no hubo mesas de trabajo ni análisis colectivos, como hubo en otras administraciones". "Anfusea no tuvo injerencia tampoco en estas modificaciones. En consecuencia, la participación del funcionariado fue insuficiente", dicen.
A juicio de la asociación, llama la atención que para estas modificaciones no se hayan precisado aspectos de la capacidad institucional para aplicarlas en el Servicio, pues -dicen- "se ha ampliado la posibilidad de abrir participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) sin aumentar la dotación de profesionales del área MHPAC (evaluación del medio humano, participación ciudadana y consulta indígena), considerando además que existen Direcciones Regionales que sólo cuentan con un profesional de esta área".
Con respecto al proyecto de ley de reforma a la ley 19.300 que fue ingresado al Senado, aseguran que "no hubo ninguna participación del funcionariado del SEA ni tampoco incidencia de la Asociación de Funcionarios del Servicio, aspecto que ha hecho presente la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente".
Esto, recalcan, es "preocupante", ya que el proyecto de ley -dicen- "tiene un carácter más pro-inversión que de mejoramiento de la calidad de la evaluación ambiental y la participación ciudadana en Chile".
Incluso, advierten que en el articulado "existen modificaciones que jamás tendrían aprobación" por parte de los funcionarios del SEA. Por ejemplo, que el término anticipado de la evaluación de un proyecto se dilate temporalmente hasta después de la Adenda.
Además, critican que el informe financiero que acompaña el proyecto de Ley es sumamente insuficiente. Entre otros aspectos que "dejan mucho que desear", dicen, detallan que se contempla un aumento de la dotación en 13 personas, lo que sería menos de una persona por región, y le sube el sueldo sólo a los Directores Regionales.
También reclaman que, a través de la ratificación del acuerdo de Escazú se han tomado medidas para aumentar la participación ciudadana en la evaluación, pero "éste ha sido un concepto que usted como Directora Ejecutiva no ha aplicado al interior del Servicio".
"La aplicación de encuestas ha sido su principal propuesta de participación para el funcionariado. Esto desilusiona, pues esperábamos que alguien que viene de la academia tendría mayormente interiorizado lo que es la participación, como un proceso virtuoso y colaborativo donde se enriquece el desarrollo con la visión y el análisis de los equipos de trabajo correspondientes", puntualizan.
Falta de recursos
Otro aspecto que detallan en extenso en la carta se refiere a la falta de recursos en la entidad que no permitiría un adecuado desempeño de las funciones y afectan a los trabajadores. Al respecto, aseguran que se requiere con urgencia y desde hace mucho tiempo aumentar la dotación de profesionales de evaluación ambiental y de participación ciudadana en todas las dependencias del SEA. Sin embargo, dicen, "la cantidad de profesionales se mantiene constante pese a la creciente carga y estrés laboral".
Suman una falta de recursos materiales, cinco años sin procedimiento general de aumentos de grado en el SEA, y solicitudes de aumento de grado y de cambio de puesto estancadas. También, irregularidades e incertidumbre en cuanto al manejo del arriendo del Piso 21 del Nivel Central.
En tanto, también plantean una "desconsideración de la participación funcionaria en los asuntos del Servicio". En específico, apuntan a la restricción de la participación funcionaria en videoconferencias técnicas; exclusión de secretarias y oficiales de partes en el teletrabajo; falta de consideración por razones humanitarias del funcionariado; inobservancia del estatuto administrativo en lo que se refiere a las subrogancias en la Dirección Ejecutiva y Direcciones Regionales; y desconsideración ante la necesaria modificación del Instructivo de aplicación del artículo 86 del Reglamento del SEIA.
La defensa del SEA
Consultado por DF respecto a los cuestionamientos por la falta de participación en la reforma recientemente ingresada por el Gobierno, el SEA señaló que el proyecto de ley que reforma el SEIA ha estado liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, en tanto es la institución responsable de definir políticas públicas en materia ambiental. "Sin perjuicio de lo anterior, el SEA ha colaborado mediante la entrega de insumos técnicos. En ese contexto, la opinión de los funcionarios del servicio ha sido ampliamente recogida", afirmó.
Según detalló la entidad, en primer lugar, "mediante el envío de una encuesta enviada por el Ministerio de Medio Ambiente a inicios del 2023 y que se relaciona con la modificación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RESEIA) (DS N°40/2012), que consideró tres pilares para la revisión: Cambio Climático, Acuerdo de Escazú y Elementos de la Ley REP".
Posteriormente, añadieron, en el mes de agosto de 2023, se envió una segunda encuesta a los funcionarios cuyo objetivo fue recoger sus miradas sobre la reforma legal a la Ley N°19.300, para contribuir a generar las condiciones para una evaluación técnica y de excelencia, apegada a la normativa, más eficiente y eficaz.
"Ambas encuestas tuvieron una alta participación por parte de los profesionales del SEA y cuyos resultados fueron difundidos internamente, tanto al servicio como al Ministerio", remató la entidad.
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