En los últimos meses, ha generado debate la suspensión en la tramitación ambiental que enfrentan megaproyectos de hidrógeno y amoníaco verde. Uno de ellos es H2 Magallanes, que está en pausa hasta el 7 de diciembre pese a la solicitud de TotalEnergies de permanecer así hasta el 31 de marzo de 2027. Pero también, debido a la emergencia -en este caso, por los incendios forestales en Biobío- el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió hasta el 2 de febrero el proyecto de tierras raras en Penco.
Según pudo recoger DF en la plataforma disponible por el SEA, en total, al 6 de febrero, hay 396 proyectos en actual calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de los cuales 293 están suspendidos y 103 activos. Es decir, 74% está suspendido y 26% activo. Y si bien desde la entidad ven que la mayor proporción del tiempo “en pausa”de las iniciativas proviene de la solicitud de extensión solicitadas por los titulares, expertos reconocen preocupación.
El SEA aclara que la suspensión del plazo legal en el SEIA no equivale a la paralización de un proyecto ni a que el SEA deje de gestionarlo. Se trata -recalcan- de una figura prevista en la normativa, que opera dentro de un procedimiento con plazos legales muy acotados.
Precisan que, del total de iniciativas presentadas, cuyo plazo legal de tramitación está en pausa, solo un 28% corresponde a plazos otorgados por el SEA en el marco de requerimientos técnicos propios del procedimiento. Un 69% se explica por extensiones de suspensión solicitadas por los propios titulares, quienes generalmente lo piden para contar con tiempo adicional para reunir, complementar antecedentes o abordar observaciones asociadas a la complejidad técnica de sus iniciativas.
Y el 3% restante obedece a situaciones excepcionales, como medidas provisionales o detenciones derivadas de catástrofes naturales.
El SEA dice realizar un monitoreo permanente de los tiempos de evaluación y períodos de detención. “Los niveles actuales de suspensión no constituyen una anomalía del sistema, sino que reflejan el funcionamiento de un procedimiento administrativo altamente reglado, que contempla procesos iterativos de preguntas y respuestas, en los cuales legalmente el SEA se encuentra obligado a otorgar un plazo al titular para que pueda subsanar las observaciones formuladas”, afirma.
La lectura de los expertos
Consultado por esta alta cifra de proyectos suspendidos, Ignacio Urbina, socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, es enfático: “La evidencia confirma que la regla general del SEIA es una permanente suspensión. La discrecionalidad administrativa, tanto del SEA como de los demás organismos evaluadores, ha sido el principal causante de este fenómeno, que ha llegado a niveles preocupantes”.
Puntualiza que “en los últimos diez años, los tiempos de aprobación de las DIA y EIA aumentaron en un 35% y 58 %, respectivamente. Ese aumento de tiempo se debe a las suspensiones del procedimiento de evaluación, las que a su vez son causadas por los Icsara cada vez más complejos. Ningún esfuerzo para revertir esta tendencia ha dado resultados”.
Para la socia del estudio jurídico EELAW, Paulina Riquelme, hay varios elementos en el análisis. Sostiene que las pausas no responden a una estrategia buscada por los proponentes, sino al resultado de exigencias técnicas que materialmente no pueden ser abordadas dentro de los plazos legales ordinarios.
“Si bien la suspensión de plazos es una herramienta prevista históricamente en el SEIA y no constituye en sí misma una anomalía, cuando el 74% de los proyectos en calificación se encuentran suspendidos deja de ser un fenómeno normal del sistema y pasa a reflejar una presión estructural”, alerta.
Y añade: “La alta proporción de proyectos suspendidos pone en evidencia una brecha creciente entre el aumento sostenido de las exigencias técnicas y la capacidad real del SEA para administrarlas de manera eficiente y focalizada”.
De acuerdo con información de Transparencia Activa, precisa, el SEA cuenta con aproximadamente 377 funcionarios, de los cuales solo 112 corresponden a evaluadores ambientales propiamente tales, excluyendo profesionales de participación ciudadana y medio humano.
El exdirector ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, comenta que se utiliza la palabra “suspendido” para dos situaciones diametralmente distintas. El primer tipo, dice, se da en la consulta indígena; y el segundo es en realidad el momento en que los desarrolladores de proyectos contestan las preguntas de la autoridad. “Sería bueno que se clasificaran con palabras distintas ya que requieren medidas de gestión completamente distintas”, dice.
Y, en su reflexión, advierte: “Nos hemos acostumbrado a tardar más de dos años en decidir si las medidas ambientales propuestas por un titular son suficientes o no”.
El SEA enfatiza que ha fortalecido una agenda orientada a anticipar y reducir la necesidad de suspensiones prolongadas, mediante la mejora continua de la gestión del sistema.
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