La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) multó a Minera Escondida, con más de $6.600 millones, tras acreditar el impacto que se generó sobre las aguas subterráneas que sostienen el ecosistema en las Vegas de Tilopozo, en el Salar de Atacama.
Cabe recordar que el cargo formulado al titular fue por constatar una reducción del nivel freático mayor a 25 centímetros en el "Sector de Tilopozo", esto es la distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie del terreno, superándose de forma irreversible y desde el año 2005, la disminución máxima aceptable que pueden soportar estos sistemas vegetaciones.
A juicio del Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, la Comunidad Indígena de Peine se ha visto significativamente afectada producto del uso desmedido por parte de la empresa del recurso hídrico que alimenta las Vegas de Tilopozo, las que son utilizadas por la comunidad como sustento económico para usos tradicionales.
Antecedentes del proceso
Esta sanción tiene su origen en una denuncia presentada el 20 de abril de 2018, por el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas (DGA), ante la SMA donde se indicó incumplimientos al Plan de Alerta Temprana (PAT) del acuífero Monturaqui – Negrillar – Tilopozo, ubicado a 78 km al este de la Mina Escondida y a unos 50 kms. al sureste del Salar de Atacama.
La DGA en su denuncia hizo alusión a los descensos de los niveles de agua subterránea y describe que la empresa no realizó los ajustes que correspondían de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución DGA N°1972/2001 que aprobó el PAT para el acuífero de la Región de Antofagasta.
La infracción fue clasificada como gravísima, tras el análisis de todos los antecedentes y las inspecciones ambientales realizadas por la SMA en abril de 2019, incluidas mediciones de profundidad del agua subterránea en los pozos de observación del acuífero y datos de monitoreo histórico que fueron remitidos por la empresa.
Como medida de mitigación del impacto sobre el recurso hídrico y la vegetación, la empresa comprometió en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) la limitación del tiempo de bombeo. La Superintendencia constató que esta y otras medidas complementarias que debieron ser aplicadas ante una disminución mayor a la máxima aceptable del nivel del acuífero, no fueron activadas.
Declaración Minera Escondida
Tras la resolución, la firma indicó que no comparte la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente y "reitera su rechazo a la existencia de un supuesto incumplimiento de los compromisos adquiridos en la Resolución de Calificación (RCA) N° 1/1997, que habilitó la extracción de agua en Monturaqui entre los años 1998 y 2019", sostuvieron en el comunicado.
"La compañía se encuentra evaluando los cursos de acción a seguir. Escondida reitera que en ningún momento sobrepasó lo aprobado en la RCA en la zona de las Vegas de Tilopozo, tal como se ha reportado a la autoridad de manera semestral desde 2001. Existe una discrepancia técnica con la autoridad, lo que es contradictorio con la RCA 01/1997 y con la práctica regulatoria de cerca de 20 años en el caso", agregaron en su declaración.
Asimismo, aseguraron desde la minera que "Escondida cesó de manera definitiva la extracción de agua de acuíferos altoandinos el 31 de diciembre de 2019, y actualmente opera solo con agua desalada como resultado de una estrategia hídrica que involucró una inversión sostenida durante 15 años en plantas desalinizadoras. De este modo, la compañía mantiene su compromiso irrestricto con la sustentabilidad y con los recursos hídricos en particular".
Estrategia Salar de Atacama
La investigación que derivó en la sanción a Minera Escondida Ltda. (MEL), es el resultado del Programa Intensivo de Vigilancia que la SMA se encuentra desarrollando en el Salar de Atacama y el que cuenta con la coordinación efectiva con otros organismos del Estado como: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Dirección General de Aguas (DGA) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
A su vez, se contempla el monitoreo continuo y en línea del componente hídrico en cientos de puntos para la extracción de agua y salmuera y el seguimiento remoto del estado de sistemas vegetacionales Altoandinos con el uso de imágenes satelitales. Esto como parte de la Estrategia de Inteligencia Ambiental que se encuentra desarrollando la SMA.
El Salar de Atacama tiene una superficie de 17.000 km2, siendo el salar de mayor extensión a nivel nacional y corresponde a un ecosistema de alto valor ambiental. La cuenca cuenta con diversas áreas bajo protección oficial, entre ellas acuíferos declarados zonas de prohibición para nuevas explotaciones; acuíferos que alimentan a vegas y bofedales; humedales de importancia internacional (sitio RAMSAR), con énfasis en el hábitat de las aves acuáticas; la Reserva Nacional "Los Flamencos"; el Área de Desarrollo Indígena "Atacama La Grande", y la Zona de Interés Turístico "Área de San Pedro de Atacama – Cuenca Geotérmica El Tatio".
En la misma cuenca existen diversas actividades productivas que ejercen presión sobre el ecosistema, siendo las de mayor relevancia aquellas que se relacionan con el rubro y actividades de la minería metálica y no metálica, las que se encuentran reguladas por instrumentos de gestión ambiental fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Este espacio territorial es compartido, además, por distintas comunidades y asociaciones indígenas que estructuran sus sistemas de vida en torno al salar.
En esta zona además de Escondida, operan otras 3 empresas mineras- Zaldívar (CMZ), Albemarle (ALB) y Soquimich (SQM)-, cuyas actividades podrían afectar directamente a ecosistemas y comunidades. A la fecha, se han formulado cargos a todas ellas.
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