En el acuerdo para zanjar el arbitraje que mantenían SQM y Corfo hace más de cuatro años, se establecieron una serie de condiciones que debía cumplir la agencia estatal para dar curso a las tratativas, las que según informó ayer el grupo Pampa, fueron plasmadas en su totalidad.
Y es que a cambio de las conesiones que entregaba el grupo ligado al empresario Julio Ponce Lerou, entre ellas su salida de la empresa, la pérdida del voto dirimiente y la elección de un nuevo presidente independiente, entre otras, existía una serie de circunstancias que tenían que concretarse por parte de la agencia estatal.
La primera del listado tenía que ver con que el consejo directivo de la Corfo debía aprobar de de manera íntegra el detalle del acuerdo en un plazo menor a los 120 días, así como la modificación de los contratos de arrendamiento sobre las pertenencias OMA en el salar de Atacama, con la intención de facilitar la estadía de la empresa hasta 2030, producto de la extensión de los contratos de arrendamiento que le entregará la agencia estatal.
Por último, la tercera condición establecida en la quinta cláusula del contrato, definía que los instrumentos celebrados entre ambas partes fueran autorizados por todas las entidades requeridas por el ordenamiento jurídico del país, entre ellas la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Consejo de Defensa del Estado, y la Contraloría General de la República, trámite que ocurrió durante los últimos días, con la toma de razón de la resolución.
En paralelo, y a través del mismo hecho esencial, los accionistas mayoritarios de la minera no metálica explicaron que de manera unilateral, ayer dieron por finalizado el histórico acuerdo de actuación conjunta que mantenían con los japoneses de Kowa, propietarios del 2% de las acciones Serie-A, y el 4% de la Serie-B de SQM.
Esto último, también fue parte de la negociación del acuerdo, ya que se establecía que el Grupo Pampa tendría hasta treinta días para dar por finalizada la actuación conjunta, luego de que la Corfo cumpliera sus condiciones.
Con todo, aún existen nuevos hitos por cumplir fijados en el mismo acuerdo de aquí a 2030, entre ellas, la inversión por parte de la empresa, que con la intención de aumentar su producción de litio en el salar de Atacama, tendrá que destinar más de US$ 1.000 millones en mejoras de infraestructura.
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