El término anticipado del proyecto de tierras raras de Penco -que considera en la primera etapa US$ 130 millones de inversión- fue el detonante para que la Universidad del Desarrollo indagara qué está pasando con la evaluación ambiental de los proyectos en la Región del Biobío. El análisis reveló que los plazos de tramitación en 2022 superaron en casi dos años el promedio nacional, sumando 1.666 días, mientras que a nivel nacional el proceso duró 1.059 días.
La situación empeora en 2023, donde la tardanza llegó a 1.714 días, en tanto que el promedio del país es de 1.433 días.
“El mayor o menor ingreso de proyectos obedece a los ciclos económicos. En ese sentido, el SEIA es un termómetro de esta realidad, tanto nacional y regional”, dijo Valentina Durán.
Y además, la investigación del profesor Patricio Órdenes detectó que la proporción de proyectos de inversión aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en Biobío llegó a mínimos históricos durante 2022.
Del total de proyectos ingresados, solo 28% se encuentra en estado “aprobado”. Pero, agrega el presidente de CPC Biobío, Álvaro Ananías, al analizar los proyectos en términos de montos de inversión, los aprobados alcanzan 10,1% del total de iniciativas ingresadas a trámite.
Incluso con el visto bueno ambiental, las iniciativas que están siendo desarrolladas, principalmente parques eólicos, tienen dificultades en su concreción, explicó Ananías, “por los innumerables escollos burocráticos y permisos que se les exige”. El dirigente alertó que la región del Biobío pasa por uno de los períodos de menor inversión de su historia. Y señaló a modo de ejemplo que entre 2018 y 2022, la aprobación de proyectos oscilaba entre 40% a 50%.
Para Ananías, lo que sucedió con el proyecto de tierras raras es un claro indicador de la renuencia del SEA Biobío en buscar alternativas para mejorar los proyectos. “Se optó por el término anticipado por seis árboles, una situación que era completamente subsanable por parte de la titular del proyecto, Minera Aclara”, aseveró.
Agregó que, más allá del excesivo celo que ha mostrado el SEA Biobío, se debiera, a su juicio, avanzar en un proceso de evaluación mucho más integral incluyendo los organismos sectoriales involucrados (por ejemplo Conaf) y pedir proactividad y trabajo conjunto con todos ellos.
A nivel central no existía una buena evaluación de la repartición pública. De hecho, la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, solicitó la renuncia de la exdirectora regional del SEA Biobío, Silvana Suanes. A partir del 1 de agosto, dicha dirección regional está siendo subrogada por el profesional Nelson Cortés. "En la evaluación habitual que se hace de los directivos del segundo nivel jerárquico, la directora ejecutiva, Valentina Durán, estimó que era necesario un cambio en la conducción de la dirección regional del Biobío", explicaron en el organismo ambiental.
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