El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Tarapacá admitió a tramitación dos solicitudes de invalidación en contra del proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2 -desarrollado por la compañía minera Teck- las cuales fueron presentadas por personas naturales y comunidades de origen Aymara de la zona de Pica.
Las acciones se fundamentan en que la calificación ambiental favorable a esta iniciativa, cursada el 17 de agosto, no habría cumplido el Convenio 169 de la OIT que establece la inclusión de un proceso de consulta indígena en el marco del sistema de evaluación.
Luego que el SEA dio curso al trámite las solicitudes el 10 de enero pasado –lo cual no implica que las haya acogido– y dar la oportunidad al titular del proyecto para emitir su opinión, el organismo entró a conocer la materia de fondo, etapa que próximamente dará paso a la resolución de término que formalizará su rechazo o bien dará curso a su acogida total o parcial.
Entre los argumentos presentados por los representantes del Área de Desarrollo Indígena “Jiwasa Oraje” de la Ecozona Matilla –como Mario Challapa, presidente de la Asociación Indígena Aymara Silla Juay, y Nelly Mamani, presidenta de la Asociación Indígena Suma Yapu, ambos de la comuna de Pica- destacan que el proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2 se “asentará en su territorio ancestral que ocupan desde tiempos inmemoriales”, que desconocen por dónde pasará el acueducto de la planta desalinizadora, ni su impacto en los lugares sagrados y napas de agua, junto con afirmar que “los 25 kilómetros de distancia de las obras no eliminan en absoluto los impactos sociales, económicos, culturales y espirituales”.
Quebrada Blanca Fase 2 tendría una producción promedio anual de 316.000 toneladas de cobre fino en los primeros cinco años, con una inversión en torno a los US$ 5.500 millones.
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