El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, instó al presidente ejecutivo de Nestlé SA, Mark Schneider, a reconsiderar la decisión de la compañía de continuar con algunas operaciones en Rusia, aumentando públicamente la presión sobre la compañía de alimentos más grande del mundo.
Si bien Nestlé ha suspendido los envíos de productos no esenciales como el café Nespresso y el agua San Pellegrino a Rusia, todavía está abasteciendo a la población de necesidades como alimentos para bebés y mascotas. Rusia fue la fuente de 1.700 millones de francos (1.800 millones de dólares) de ingresos el año pasado, o alrededor del 2% del total de Nestlé.
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Shmyhal dijo que Schneider no había mostrado "comprensión", pero que espera que la compañía suiza cambie de rumbo pronto.
"Consideramos que las conversaciones con las autoridades gubernamentales son privadas", dijo un portavoz de Nestlé por correo electrónico, sin comentar sobre la posición de Nestlé sobre la continuación de los negocios en Rusia. "Seguiremos haciendo todo lo posible para entregar alimentos a los ucranianos en el país y para apoyar a los refugiados ucranianos en muchos países".
El comentario de Shmyhal, realizado a través de Twitter, provocó respuestas que pedían el boicot a los productos de Nestlé y muestra la creciente presión sobre las multinacionales que mantienen abiertos los negocios en Rusia. La guerra ha provocado un éxodo de ese mercado por parte de empresas estadounidenses, europeas y otras después de la invasión de Ucrania.
Nestlé se ha enfrentado previamente a recesiones económicas en Rusia y continuó invirtiendo allí durante las devaluaciones del rublo, diciendo que estaba en el largo plazo. La empresa cuenta con seis fábricas y más de 7.000 empleados en el país.
Las empresas que suministran alimentos esenciales y bienes básicos en Rusia han argumentado que los ciudadanos necesitan esos productos para vivir. El secretario general de Danone SA, Laurent Sacchi, ha dicho que el fabricante de yogur está "bien sintonizado con la importancia de estos temas". La situación se complica aún más por las amenazas de posibles incautaciones de activos si las empresas abandonan Rusia.
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