Siete procedimientos sancionadores y 17 investigaciones preliminares tiene en su cartera el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú, un organismo que reúne las competencias de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) de Chile.
El más reciente involucra a dos firmas proveedoras de pavo entero en esa nación con un grupo de supermercados, como Cencosud y sus marcas Wong y Metro; Falabella con Tottus; Makro y Supermercados Peruanos. Según constaría en correos electrónicos e información económica, estos agentes se habrían coordinado para fijar los precios en la venta del producto en todo el país, entre 2009 y 2016.
Sus prácticas, así como la de cientos de empresas locales y extranjeras, están bajo la tutela de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Y, a la cabeza, está el abogado Jesús Espinoza quien adelantó que, a partir de junio de 2022, se conocería el resultado de la investigación iniciada hace dos años.
- ¿Cómo surgen los casos que el Indecopi atiende?
- Hay una secretaría técnica de la Comisión de Libre Competencia que vendría siendo las veces de la FNE de Chile, que se encarga de monitorear los mercados y estar alerta sobre posibles conductas competitivas. Ella se encarga de monitorear los mercados y las empresas, para identificar eventuales patrones anticompetitivos. Este screening es complejo, porque hace sin advertir a las empresas que obviamente están siendo investigadas. Todo depende de qué tanta información financiera es pública.
También nos apoyamos en denuncias formales o herramientas como la delación y la recompensa.
- ¿Qué los llevo a revisar la situación de los supermercados?
- Una investigación de más de dos años. Revisamos información que se obtuvo en distintas inspecciones y en correos electrónicos, y además vimos en detalle cómo evolucionaron los precios de las compañías. Tras elo, se encontró que existen indicios de una concertación.
Un procedimiento sancionador no implica que las empresas sean culpables, solo que hay indicios de colusión. Nosotros emitimos el informe y quien resuelve es un órgano distinto que es la Comisión de Libre Competencia, que en Chile sería el TDLC.
- ¿Por qué se avisa sobre una investigación y no cuando ya hay resultados?
- La idea es informar a cualquier tercero interesado que pudiera tener información valiosa para la investigación. Además, de que detrás hay un tema de transparencia del Estado.
- ¿Qué tan común es que la colusión sea con participación de los proveedores?
- En Chile pasó con los pollos y es muy parecido al caso actual de los pavos en Perú. Un grupo de supermercados coludido entre competidores, utilizando a los proveedores como facilitadores de la conducta. También hay agentes que son comunes, como Cencosud, que ya fue sancionado por el TDLC. Y ocurrió en la concertación del papel higiénico, con Kimberly Clark. Pero, eso pasa por la presencia de grupos regionales que han traspasado fronteras.
Región en sincronía
- ¿Qué otros casos tienen en curso? ¿Y en cuántos hay empresas chilenas?
- La pregunta es compleja porque no llevamos un registro del origen de los capitales. Nos enfocamos en si las empresas están realizando conductas irregulares. Lo que sí puedo decir es que tenemos siete procedimientos sancionadores y 17 investigaciones preliminares, centrados en la canasta básica familiar y en licitaciones del Estado.
- ¿Cree que, para ustedes, es necesario poner ojo a las prácticas de firmas chilenas y otras extranjeras en su país?
- No lo miraría bajo esa óptica. En la región, las agencias de competencia tienen mucho interés por investigar conductas competitivas. Y con eso, también hay un esfuerzo muy grande, más allá de lo sancionador, de promover que se respete la ley al interior de las organizaciones.
- ¿Hay relación entre organismos regulatorios o cree vital una mayor coordinación y planes en conjunto cuando hay tantos casos similares?
- Hay mucha relación de cooperación sin infringir los derechos de reserva de los procedimientos. Ya existe mucha cooperación, apoyo en las capacidades técnicas y en el compartir las buenas experiencias.
- A su juicio, ¿cuál es el desafío a futuro para los organismos reguladores?
- Hay un desafío coyuntural vinculado a la pandemia que demanda que las autoridades hagan mayor esfuerzo en el sector salud.
Lo otro es que, más allá del tiempo y la crisis, la reactivación económica no debe ser sinónimo de creación de carteles de crisis. Es decir, que la crisis no sea una justificación para que eventualmente puedan ocurrir conductas anti competitivas.
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