Al día siguiente de las elecciones que definieron a los consejeros constituyentes, se activaron dos factores relevantes para el futuro de las isapres. En lo que dice directa relación con los comicios, el triunfo del Partido Republicano y la votación alcanzada por los partidos de Chile Vamos representan un peso gravitante en el Consejo Constitucional de fuerzas políticas que defienden la participación del sector privado en el aseguramiento de la salud.
Una señal del cariz que puede tomar el debate en el Consejo Constitucional la formuló recientemente el candidato constituyente republicano, y primera mayoría nacional, Luis Silva, quien durante su campaña declaró que el Gobierno debe ir en rescate de las isapres para evitar su desplome: “sí, definitivamente tiene que salvarlas, porque la situación en la que nos encontramos no es responsabilidad de ellas, es responsabilidad del sistema político”.
Y más allá de las definiciones sobre salud que queden plasmadas en el futuro proyecto constitucional, una de las interrogantes que deja el nuevo escenario político es qué incidencia tendrá en la reforma de salud comprometida por la administración Boric. “El Gobierno no puede continuar con su programa como si nada hubiese pasado, desoyendo la voluntad que los chilenos expresada en las urnas. Tampoco sería razonable que el mundo político demuestre desconexión con los resultados, y por eso se ve muy difícil la continuidad de una agenda refundacional”, señala Victoria Beaumont, directora Ejecutiva de Fundación Politopedia e integrante del Movimiento Ciudadano Salud Libre.
Para el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, “más allá de lo que ocurra en el Consejo Constitucional, hoy no es fácil que la reforma se haga tal como estaba diseñada en el programa de Gobierno, ya que no se cuenta con mayoría política en el Congreso. Eso tiene que ser sometido a un análisis del Ejecutivo para saber en qué tiempo y de qué forma la creación de un fondo universal se puede cumplir o no”.
Al respecto, enfatiza que “todo lo que se haga en el Congreso significa construir mayorías entre la oposición y las fuerzas de Gobierno; con una gran capacidad de diálogo para mejorar los proyectos, modificar aquello que sea necesario y dejar lo bueno independiente de quien lo mande. Ese desafío es parte del horizonte para el próximo período, y voy a propiciar esos acuerdos en mi rol como presidente de la Comisión de Salud del Senado”.
Si bien no cambia la correlación de fuerzas del Congreso, el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza, considera que la elección de los consejeros constituyentes “lo que sí hace es reforzar el sentido político de que no va a ser aprobado el proyecto dada la minoría parlamentaria que tiene el Gobierno del Congreso y no tiene fuerza para moverlo en ninguna otra dirección”.
Consejo Constitucional
En relación a la conformación del nuevo Consejo Constitucional y sus implicancias para el diseño de las bases del sistema, Beaumont señala que “este nuevo escenario puede dar oportunidad para redefinir la libertad a elegir en salud y se abre el espacio para poner argumentos en su defensa en la mesa de negociación, ya que se trata de construir los pilares para elaborar las políticas públicas de los próximos años”.
Si bien puntualiza que “sería muy aventurado vaticinar como va a quedar la nueva Constitución”, el senador Castro indica respecto de los lineamientos en salud que “no me cabe duda que va a quedar la libertad de elección y seguramente el carácter del impuesto del 7% va a ser un tema discutible, y creo que es un asunto que el Gobierno va a tener que evaluar en cuanto a la viabilidad financiera y política”.
Ingreso de ley corta
En lo más inmediato, el Gobierno afinaba ayer lunes el esperado envío del proyecto de Ley Corta de isapres, el cual ingresaría hoy al Senado, confirmaron fuentes de esa corporación.
La primera interrogante es si este marco para concretar el fallo de la Corte Suprema no requería haber tomado un tiempo para ponderar el escenario postcomicios. “Tras el resultado de la elección, hubiera esperado alguna evaluación, porque si van a mandar el proyecto tal como está –de acuerdo a las bases que conocimos- no hay ninguna posibilidad de que se apruebe si no está en discusión una fórmula metodológica de cálculo distinta a lo único que hasta ahora ha trascendido, que implícitamente habla de que hay que devolver US$ 1.400 millones”, dice Manuel Inostroza. El exsuperintendente de Salud indica que “esto no tiene ninguna viabilidad ni a tres, cuatro o cinco años plazo, da lo mismo, ya que significa la quiebra del sistema isapre”.
Argumenta que despachar un proyecto en estas condiciones “significaría postergar el problema generando una suerte de encapsulamiento del conflicto, porque no se resolvería ni para bien ni para mal, en un ambiente muy inestable con prestadores que seguirían tensos por perder liquidez por la demora en los pagos de las isapres, probablemente haciendo desaparecer los convenios”.
Victoria Beaumont recuerda que las expectativas de la industria están puestas en que el Ejecutivo envíe proyecto de ley que “permita dar viabilidad financiera al sistema en el tiempo y valide un modelo de participación público-privada, con reglas claras y un Estado empoderado en su rol regulador y fiscalizador para ambos sistemas por igual”. No obstante, subraya que ley corta “no es sinónimo de fácil despacho; todo lo contrario, el Gobierno llegó tarde a la presentación del proyecto que ingresará esta semana y los legisladores no podrán despacharla como si se tratara de un mero trámite, ya que es de una gran dificultad técnica, y jurídica, con un potencial impacto en todo el sistema”.
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