El esperado fallo de la Corte Suprema en relación al ajuste del precio que las isapres aplican por la cobertura de las Garantías Explícitas en Salud (GES) se perfila como el golpe de gracia que la industria temía como un punto de no retorno en su crisis financiera.
Si bien la sentencia de la Tercera Sala todavía aún no se publica oficialmente ni está en conocimiento de las partes, las versiones respecto de su contenido difundidas ayer miércoles generaron las primeras reacciones a nivel de expertos y la industria que alertan “un golpe de gracia” para el sistema asegurador privado de salud.
En lo medular, se indicó que el fallo estableció dos exigencias principales. La primera sería el establecimiento de un tope máximo para el incremento de la prima GES en torno a UF 7 anuales –las versiones oscilan entre UF 7,14 y UF 7,2- común para todas las isapres, cifra que se ubica sustancialmente por debajo del último reajuste aplicado por cada aseguradora en octubre pasado, con vigencia por tres años.
Y el otro eje de la sentencia apunta a la obligación de devolver los montos cobrados por encima de ese límite, siguiendo la línea fijada por la Corte Suprema en sus dos fallos anteriores sobre la industria relativos a la aplicación de las tablas de factores en noviembre pasado, y antes por el reajuste de los precios base de los planes en agosto.
“Esto equivale a eliminar dos alzas de GES, y revertir la tarifa al nivel de hace cuatro años”, alerta un alto ejecutivo de la industria que pidió reserva. En este escenario, sostuvo que su implementación llevaría a que “todas las isapres caerán en un incumplimiento normativo de inmediato en un colapso total del sistema”.
Preocupación por efectos
A nivel de expertos también se manifestó preocupación por los efectos del dictamen. “En tan solo un año la Corte Suprema en una instancia inédita de cambio de criterio jurídico, genera políticas públicas de fijación de precios de las aseguradoras privadas en nuestro país. El impacto es tan profundo que pone en jaque al sistema de salud completo”, advierte Victoria Beaumont, directora ejecutiva de Fundación Politopedia.
Sobre la base de los términos que han trascendido del fallo, Beaumont estimó en relación a la magnitud de las devoluciones que éstas “podrían costar unos US$ 700 millones, con una reducción de ingresos de un 15% para las aseguradoras que tienen utilidades en torno al 3% del ingreso anual”.
En efecto, el establecimiento de las próximas devoluciones saldrá de la diferencia entre el nivel máximo común de reajuste de la prima GES y las alzas que aplicaron cada una de las isapres por este concepto.
En esta comparación, la variación más alta corresponde a la isapre Consalud -que con un valor mensual por beneficiario de 1,3 UF totalizó 16,6 UF anuales-, seguida en orden descendente por Nueva Masvida (1,29 UF mensuales y 15,4 UF anuales), Cruz Blanca (1,2 UF mensuales y 14,7 UF anuales), Colmena (con 0,9 UF mensuales y 11,1 UF anuales) y Vida Tres con 0,8 UF al mes que equivalen a 10,2 UF al año. Asimismo, la isapre Esencial –aseguradora ligada a Grupo Alemana que entró en operación el año pasado- registró un precio de 0,8 UF mensual y 9,6 UF anual.
Con un rango de alzas que van de 133% (Consalud) a 20% (Colmena), el incremento promedio de la primas GES aplicado en el último reajuste fue de 48%.
A su juicio de Beaumont, las implicancias económicas de la reversión de este reajuste y las consiguientes devoluciones son “completamente insostenibles, dejando en una incertidumbre enorme a todos los chilenos”, con el agravante de que “se repite el escenario de noviembre 2022”, en alusión al fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal por tabla de factores. En ese dictamen, la Suprema instruyó la devolución de cobros en exceso realizados a los afiliados por encima del parámetro actual vigente desde abril de 2020 –cuyo monto global el Gobierno estimó en unos US$ 1.400 millones-, así como un ajuste de todos los planes de salud anteriores a ese marco que implicará una reducción de los ingresos futuros en torno a un 6% mensual en promedio, todo lo cual motivó la presentación de una ley corta que se discute actualmente en el Senado.
El fallo de la Tercera Sala –integrado por los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus, Mario Carroza y Ángela Vivanco- cierra el último frente judicial que tenían pendiente las isapres en relación a la escalada de recursos interpuestos por los afiliados en los últimos años.
En este escenario y en su calidad de fundadora del movimiento ciudadano Salud Libre, Beaumont indicó que “lo más importante es informar a los afiliados de ambos sistemas que el escenario en salud se va a complejizar para todos, y que va a requerir un liderazgo político nunca visto para evitar la peor crisis sanitaria de nuestro país”.
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