Siete procesos de consulta indígena para proyectos de inversión que suman casi US$ 11.500 millones, ha iniciado hasta ahora el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Según los datos proporcionados por esta entidad, dos de las iniciativas en las que este procedimiento ha sido aplicado o está en desarrollo son mineras. Se trata de El Morro, de Goldcorp, y Sulfuros RT, de la estatal Codelco, que representan inversiones por US$ 8.600 millones.
Cuatro de los proyectos son energéticos y están encabezados por la Central Neltume, de Endesa Chile, y su línea de transmisión por US$ 835 millones. También está una línea de transmisión y una subestación de Transelec en la Región Metropolitana (US$ 21 millones), así como las unidades II y III de la hidroeléctrica de pasada Florín, de la empresa del mismo nombre, por US$ 53,7 millones.
La séptima consulta es parte del proceso de evaluación del proyecto de ampliación y modificación de la Planta Arauco de Celco, filial del Empresas Copec, que representa una inversión de US$ 2.000 millones.
La decisión del gobierno fue dividir la aplicación de la consulta indígena que establece el Convenio 169 de la OIT, dejando los proyectos de inversión bajo el alero del SEA y sometiendo las medidas legislativas y administrativas en un mecanismo distinto, denominado “consulta general”, que estaría a punto de ingresar a la Contraloría para su toma de razón.
El director ejecutivo del SEA, Ricardo Irarrázabal, explicó que previo a la entrada en vigencia del reglamento definitivo para este procedimiento, el SEA puso en práctica un sistema que aplica las reglas y estándares del Convenio 169 (que en Chile tiene rango de ley) particularmente lo referido a la buena fe que debe primar en estos procedimientos.
A partir de la experiencia acumulada comentó que si bien han dado cumplimiento a los establecido en la norma han observado por parte de las comunidades “cierta reticencia a participar” y alertó sobre las acciones que terceros realizan para complicar este diálogo.
“Vemos como ciertos sectores, ajenos a las comunidades, interfieren en la consulta con la finalidad de entrabar o dilatar los acuerdos que puedan alcanzarse. Nos preocupa esta situación y esperamos que no se prolongue en el tiempo, ya que las comunidades merecen un debido respeto y en eso hemos trabajado como servicio”, dijo Irarrázabal.
Experiencias dispares
A diferencia de lo que sucedió en el caso de El Morro, cuando a causa de la negativa de las comunidades a participar el SEA declaró la consulta realizada tras la primera reunión, hay experiencias exitosas como la de Celco y la planta Arauco, donde el proceso derivó en la firma de un acuerdo marco de seis puntos entre la empresa y las ocho comunidades con las que el organismo público consultó.
El modelo del SEA establece una primera etapa en la cual tras citar a las comunidades identificadas como susceptibles de ser afectadas por el proyecto se define la forma en la que se realizará la consulta, para realizar posteriormente el procedimiento de acuerdo con esos lineamientos.
En el caso de los proyectos de Endesa Chile, el SEA comenzó la consulta en mayo y continúa desarrollándola. En este momento, tanto la línea como la central se encuentran en la segunda etapa del proceso de consulta, en la que el servicio entrega toda la información de los proyectos en reuniones con los representantes de las comunidades.
OIT se pronunciaría a inicios de 2014 sobre el diseño de consulta aplicado por el SEA
Por Juan Castellón
A mediados de enero o febrero del próximo año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entregará un pronunciamiento sobre el mecanismo de consulta indígena para proyectos de inversión que está incluido en el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Así lo informó ayer, en el marco de un desayuno informativo, el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Irarrázabal, quien explicó que dado el escenario de judicialización por reclamaciones indígenas, el gobierno incorporó 15 artículos para "hacernos cargo del Convenio 169".
Añadió que hace tres semanas estuvo en Ginebra y presentó el reglamento a los funcionaros de la entidad internacional.
"Este organismo tiene que evacuar dicho informe y entiendo que debiera estar a mediados de enero o febrero próximos", agregó.
Es más, el ex subsecretario de Medio Ambiente confía en que la OIT entregará la aprobación del sistema contenido en el reglamento, puesto que fue "la Contraloría que es la que hace el control de legalidad".
Por su parte, Irarrázabal confirmó que el reglamento del SEA entrará en vigencia "sí o sí" el próximo 24 de diciembre, porque "no hay niguna orden de innovar contra el reglamento", sentenció.
Lo anterior porque el documento fue objeto de una serie de acciones ante la justicia ordinaria e incluso una presentación por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, las que en su mayoría fueron desestimadas por estas instancias, comentó.
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