La histórica tasa de evasión que el Transantiago ha experimentado desde sus inicios en mayo de 2007 se ha transformado en la cruz de un sistema que, hasta la fecha, acumula un déficit de casi US$ 800 millones y una continua alza en las tarifas para compensarlo.
Los esfuerzos del actual gobierno aún no han conseguido revertir el nivel de no pago, que sólo en 2010 superó el 18% y, en este sentido, el académico de Ingeniería de la Universidad Diego Portales y experto en Transportes, Louis de Grange, detalló los ejes a seguir para lograr buenos resultados.
-La evasión no explica la totalidad del déficit del Transantiago. Entonces, ¿por qué fiscalizarla?
-Primero que todo porque, si no se controla, sería mucho mayor y ahí sí que sería un tema grave. Segundo, porque es un problema ético social de país, entonces es un problema de Estado, y es él quien tiene que ponerle el cascabel al gato. En este sentido, los actuales incentivos económicos que reciben los operadores del Transantiago no son suficientemente fuertes como para que ellos se hagan cargo de la evasión.
-¿No es incentivo suficiente el cobro que hacen al Estado por pasajero, que en el caso de transbordos, incluso sería mayor que lo que paga el pasajero?-
Para el operador no, si lo fuera ya lo estaría haciendo. Lo que pasa es que sigue habiendo una componente fija basada en la norma referencial que se calculó en 2007 donde se proyectó que la demanda del sistema crecería un 3% anual y esto no ha sido así.
- Entonces, ¿hoy un pasajero que paga sí representa un mayor costo para el sistema que uno que evade?
- Justamente los viajes con varios transbordos, esos son más caros para el sistema que los ingresos que producen. Fácilmente podrían costarle al sistema unos $ 1.200, cuando esa persona paga $ 600.
-En base a esto, ¿es válido pensar que, de reducirse la evasión, las perdidas del Transantiago subirían?
-Esto es correcto, pero a nivel de servicios y en el corto plazo. Hay algunos servicios en que conviene que, en el corto plazo, la gente evada, desde el punto de vista financiero. Pero en el largo plazo, esto genera un déficit mayor. Mi estimación es que, en términos promedio, si se redujera a cero la evasión, el déficit se reduciría no más allá de un 10%.
Medidas
-Sabiendo esto, ¿qué debe hacer la autoridad?
- Hay una medida muy importante para que el nuevo ministro la estudie y vea la forma de implementarla, que es cambiar la estructura de tarifas que pagan los usuarios. Por ejemplo, se podrían comenzar a pagar los transbordos y hacer así que un viaje que use sólo alimentador sea más barato. Eso no sólo genera un incentivo en el comportamiento de las personas a usar de formas más eficiente el sistema, sino que además aumentaría los ingresos aún sin más demanda.
-¿Y qué pasa con el Metro en esto?
- Si se sube más la tarifa al Metro se va a ver un traspaso hacia los buses aumentando su uso y, con ello, reduciendo el pago por pasajero transportando que reciben los operadores de buses. Creo que la estrutura tarifaria del Transantiago ha sido aumentada de manera torpe. La gestión tarifaria es una herramienta poderosa que no ha sido explotada.
-Y en el corto plazo, ¿hay medidas más efectivas antievasión?
- La primera es incorporar y motivar a los conductores del Transantiago, porque son fundamentales, no sólo para la calidad del servicio y los costos, sino que también porque el conductor es el primer filtro ante la evasión. Lo segundo es la cantidad de fiscalizadores. La probabilidad de que a un evasor lo pille un fiscalizador es demasiado baja. Se tenían 40 en un comienzo y ahora está en unos 120. Se dice que se triplicó la cantidad de fiscalizadores, pero no es nada. Necesitamos una campaña masiva que, durante tres o cuatro meses, no más que eso, tenga mil fiscalizadores en la red, para que la gente los vea y el evasor sienta que hay una probabilidad cierta de ser sancionado. En esta línea, la actual campaña antievasión ayuda, pero es absolutamente insuficiente.
-Se pretende también generar un registro de transgresores, estilo Dicom.
- Eso es con respecto a la sanción misma. No se saca nada con cobrar una multa de $38 mil o $ 50 mil, porque no la van a pagar. Se requiere una sanción de índole social y que sea efectiva de implementar. Lo más importante es impedir a estas personas que accedan a otros beneficios sociales, que les dificulte acceder a ciertos créditos y servicios. Eso sería socialmente aceptable.
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