POR lourdes gómez B.
Un tajante rechazo a las críticas que hicieron las empresas de telecomunicaciones al cambio de la normativa de almacenamiento de datos de sus clientes y de interceptación telefónica en casos de investigaciones judiciales hizo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
La autoridad aclaró que las modificaciones son el resultado de un trabajo conjunto y que las compañías están obligadas a colaborar con la justicia y la lucha contra la delincuencia.
“La industria no cumplió durante años con la normativa, por no haberse dictado la norma técnica del actual DS 142. Trabajamos durante largos meses para concordar una normativa que se hiciera cargo de la necesidad planteada por el sistema judicial. Logramos un acuerdo y manifestaron estar en condiciones de implementar los desarrollos informáticos en los plazos establecidos en el reglamento, lo que nos pareció una excelente noticia. Me sorprende que surjan observaciones fuera de plazo, lo encuentro poco serio”, señaló.
La autoridad criticó el lento avance de las investigaciones producto de los atrasos en la entrega de información por parte de las compañías de telecomunicaciones. “Actualizar este reglamento no es una decisión antojadiza sino que operativa, práctica y producto de dificultades significativas que se han producido para requerir información a las empresas de telecomunicaciones. Un número de procesos judiciales importantes han estado paralizados porque las empresas demoran 6 meses o más en responder requerimientos en el marco de investigaciones en curso. En otros casos, cuando se solicita la información, ya no está disponible en la empresa, lo que traba las investigaciones”, criticó
Para Aleuy la conservación de los datos que se está buscando modificar, no vulnera los derechos fundamentales, sino que solo aplicar una herramienta investigativa que ya existe.
Explica que tanto los plazos, como el contenido de las comunicaciones que se almacenarán, fueron consensuados con las firmas. “La información corresponde a datos que los operadores conservan actualmente con fines comerciales y que son útiles para las investigaciones penales. No se trata del contenido mismo de la comunicación, sino que datos de registro sobre las comunicaciones”, precisó.
Dice que el reglamento resguardará los derechos fundamentales de las personas “que se encuentra consagrado en la normativa y se resguarda por el Juez de Garantía en cada Investigación penal. Frente a las instituciones que podrán acceder a esta información deberán ser determinadas por el Fiscal”.
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