“Si este proyecto sale tal y como está, ninguna empresa hará inversiones”, afirmó el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, en relación al proyecto de Ley de Roaming Automático Nacional (RAN) que se tramita en la Cámara de Diputados.
En el marco de la discusión de la normativa en la última sesión de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones, la autoridad del gobierno anterior afirmó que las condiciones establecidas en el diseño actual son poco claras y están sujetas a un futuro reglamento y no a la ley en sí misma, lo que produce incertidumbre en el sector. Por ello, de mantenerse el esquema propuesto, advirtió que las compañías del sector preferirán “esperar hasta que venga otra empresa, se instale y ponga roaming”.
En este marco, el actual académico de la U. Mayor enfatiza que es indispensable que la norma establezca claramente que su objetivo es generar las condiciones necesarias en las áreas del país que tienen una menor cobertura y que señale cuáles serán los sectores beneficiados con el roaming. “Las zonas más rentables son donde se concentra la mayor población, entonces no especificar en una ley que este servicio es para zonas rurales definidas hará que sea sólo un saludo a la bandera a esas 3.800 localidades”, indicó ante la comisión de la Cámara Baja.
Elena Ramos, Abogada de la División Jurídica de la Subtel. Pedro Huichalaf, Exsubsecretario de Telecomunicaciones.
Huichalaf fundamentó su diagnóstico en que el actual modelo de negocios de la industria –donde el crecimiento de las empresas opera bajo la lógica de la extensión de sus redes para abaratar la operación– el mecanismo del roaming históricamente ha sido una fórmula de mayor costo en la cual un operador con infraestructura arrienda a un segundo actor el uso de sus torres en zonas localizadas definidas, lo que genera un costo extra para éste último que redunda en un incentivo para invertir en antenas.
Un ejemplo de esta realidad fue la entrada de la empresa Wom en 2015, que en gran parte se basó en los contratos de roaming firmados con operadores que le permitieron tener operaciones fuera de Santiago mientras hacía su propio despliegue.
Junto con destacar que en las zonas urbanas es “innecesario” forzar a las empresas a una lógica de competencia con sus propias redes, el ex subsecretario advirtió que sí existirán problemas en situaciones como, por ejemplo, se construya una futura red de Metro y quieran poner antenas bajo tierra. En este materia, anticipó que ninguna empresa desarrollará inversiones porque podrán acceder a las redes de otro con un costo menor gracias a este proyecto de ley
Subtel opta por “la flexibilidad del reglamento”
A juicio de la abogada de la División Jurídica de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, (Subtel), Elena Ramos, es suficiente con que los detalles de las condiciones técnicas, económicas y comerciales estén sujetas a un reglamento, fórmula que otorgará flexibilidad a futuras modificaciones a este mercado.
“Somos conscientes de que el roaming en localidades donde hay multiplicidad de operadores no es adecuado y afectará a las inversiones. Esa será una de las excepciones obvias del reglamento. Por eso creemos que no es necesario que deba estar en la ley (...) recomendamos la flexibilidad del reglamento, porque analiza las condiciones del mercado en cada caso”, manifestó Ramos. La abogada de la Subtel reconoció que este aspecto es el más cuestionado en la industria, pero puso énfasis en que la ley establece los principios y que es en el reglamento donde se estipulan los detalles.
Al respecto, Huichalaf puso como ejemplo de la incertidumbre que puede generar la tramitación de un reglamento, a la demora de dos años en la norma que garantiza las velocidades mínimas de internet. Agregó que delegar funciones sobre la Subtel amplía los riesgos de cambios según las prioridades del titular de turno, por lo que reiteró su recomendación de conocer de antemano las localidades beneficiadas con el roaming.
Otro problema que cuestionó el ex subsecretario es que el proyecto no separa la figura de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y las empresas con redes, lo que genera una distorsión sobre quiénes se entienden como los beneficiados por la normativa: Entel, Claro, Movistar, VTR y Wom
“Si se dice que es para introducir competencia, es sólo para los operadores con red”, sostuvo al respecto Pedro Huichalaf.
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