Completo rechazo provocó en la industria y las exautoridades de Telecomunicaciones la sentencia que el pasado lunes emitió la Corte Suprema en la que obliga a Movistar, Entel y Claro a deshacerse del espectro que obtuvieron en la licitación de la “banda 700 Mhz”, por incurrir en una conducta anticompetitiva y de acaparamiento de espectro al no respetar el límite máximo impuesto de 60 MHz que puede tener cada incumbente.
Para el exsubsecretario de Telecomunicaciones Pablo Bello -durante el primer gobierno de Bachelet-, esta medida “genera una incertidumbre regulatoria respecto del régimen concesional, pero sobre todo es preocupante porque el fallo señala que las actuaciones de la Subtel, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia serían incorrectos”.
A juicio del también director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, fijar el máximo de 60 MHz determinado por la autoridad hace más de diez años es anacrónico.
“Establecer este límite no se sostiene, no tiene ninguna justificación técnica ni económica, cuando se establecieron se buscaba asegurar que todos los operadores pudiesen tener cantidades similares y en realidad no era un techo absoluto, sino relativo. Cuando hay más espectro disponible lo que corresponde es mantener el principio de proporcionalidad de manera que no se acapare espectro. Esto es un error y provoca un entorno de judicialización, que también tiene que ver con la norma de 3,5 Ghz, y esto es una pérdida de tiempo, lo peor que nos puede ocurrir es entrar en una dinámica de judicialización”, agregó.
Rodrigo Ramírez, quien ocupó el mismo cargo durante el segundo gobierno de Bachelet-, coincidió y precisó que hay que evitar caer en el populismo regulatorio. “Lo peor que puede haber es un populismo regulatorio, las cosas no se hacen para la barra, ni para Twitter, se hacen pensando en el modelo de desarrollo del país, la asignación de espectro es para el desarrollo del país no para las empresas y aquí hay una incerteza jurídica y regulatoria que va en contra de las inversiones, pero fundamentalmente contra los ciudadanos”, comentó.
Entel: Imposible servir bien el tráfico actual
Entel, una de las empresas que más espectro tendrá que devolver, unos 30 Mhz, también reaccionó contra el fallo.
La compañía señaló que abre una situación compleja para la industria, dado que impugna una licitación pública. “El único interés de Entel es invertir para poder servir las necesidades de los chilenos, respetando las reglas del juego. Hemos empujado el desarrollo digital de Chile, con importantes proyectos de infraestructura que no solo le han permitido desplegar la red 4G más robusta del país, sino que también aportar al cierre de la brecha digital, conectando a miles de personas y escuelas en zonas rurales”.
A juicio de la empresa, el techo máximo decretado por el tribunal es anacrónico. "Es fundamental aclarar que el límite de 60 MHz que se busca establecer por compañía es completamente anacrónico y no se encuentra en ninguna norma vigente al día de hoy. Enfrentamos un crecimiento anual exponencial en la demanda por servicios de datos, y es técnicamente imposible servir adecuadamente el tráfico actual de mantenerse el límite", dijo.
Atelmo: "Es evidente que el fallo afecta a la seguridad jurídica y la solución no la vamos a encontrar en otro planeta"
"Esta no es la mejor semana para ser presidente de este gremio dadas las situaciones complejas que hay". Así empezó el presidente de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo), Guillermo Pickering, su exposición en el panel Conexión Digital del Consejo Políticas Infraestructura (CPI).
El fallo de la Corte Suprema dejó perpleja a la industria dada la incerteza jurídica que provoca a la hora de invertir, sostienen. "El fallo de la Corte Suprema es evidente que afecta a la seguridad jurídica y la solución no la vamos a encontrar en otro planeta", aseguró el dirigente gremial.
Pickering criticó el doble discurso de la autoridad, pues dijo que que ha buscado incentivar las inversiones pero -añadió- decretó el congelamiento de la banda 3,5 GHz, lo que se suma a la obligación de la devolución de espectro de la banda 700 Mhz, que dictó el máximo tribunal.
"Esto no se hace por magia; no porque se juntan dos autoridades o empresas vamos a aumentar en un 30% las inversiones. Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana; tienen que haber políticas públicas en esa dirección, un marco regulatorio que genere certezas jurídicas, estabilidad y amplio consenso en el largo plazo", dijo.
Atelmo precisó que para poder cerrar la brecha digital de las zonas más aisladas se requieren inversiones por US$ 26.000 millones en los próximos diez años, escenario que se dificulta con las últimas decisiones de la Subtel y de la justicia, dijo. "Las inversiones son vitales y ciertamente el fallo del día de ayer (lunes) no va en esa dirección. Cómo vamos a llegar a ese nivel de inversión con la disminución de ingresos de la industria y la presión gigante de incrementar las redes por la demanda de datos. Esto no se puede lograr sin un diálogo con las autoridades, se puede encontrar una solución con un diálogo oportuno y respetuoso", dijo.
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