FNE demanda por colusión a Pullman, Tur Bus y otras empresas de transporte público de pasajeros

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó esta tarde que presentó un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas Pullman Bus, Tur Bus, Romani y Transportes Cometa por colusión, luego de haber iniciado una investigación del mercado del transporte público, solicitando multas que llegarían a un total de US$ 48 millones aproximadamente.

A través de un comunicado, la entidad precisó que dio inicio simultáneo a dos procesos judiciales ante el TDLC, "por haber constatado la existencia de acuerdos entre competidores con el objeto de impedir el ingreso de nuevos actores y de fijar tarifas a público y frecuencias en determinadas rutas del país".

En el primer requerimiento la FNE acusa a dichas compañías "por haberse coludido para acaparar oficinas en los terminales de Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Carlos Oviedo Cavada de Antofagasta, obstaculizando el ingreso de nuevos actores a dichas rutas".

La fiscalía solicitó al TDLC ordene "el cese inmediato de dichas prácticas anticompetitivas y se modifique o ponga término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que les permiten utilizar oficinas en los terminales objeto del requerimiento que no sean necesarias para la venta de boletos o el envío de carga".

La FNE solicitó, además que, el TDLC sancione a los responsables con multas de 20.000 UTA en el caso de Tur Bus ($ 9.025,2 millones) ; de 12.500 UTA para Transportes Cometa ($5.640,7 millones); de 7.500 UTA para Pullman Bus ($ 3.384 millones); y de 2.000 UTA para Romani ($ 902 millones).

Finalmente, la FNE solicitó una medida cautelar consistente en obligar a las empresas requeridas que informen a la FNE, con a lo menos 60 días de anticipación, sobre su intención de arrendar, adquirir o utilizar de cualquier otro modo alguna boletería, oficina, local u otro similar en los terminales de buses de Valparaíso, La Serena, Coquimbo y Carlos Oviedo Cavada de Antofagasta, distintas de las que actualmente se encuentran utilizando.

En tanto, el segundo requerimiento se refiere a la existencia de un acuerdo de tarifas y de frecuencias en la ruta Santiago-Curacaví, donde prestan servicios Alejandro Antonio Cabello Reyes (Ruta Vía Curacaví), Servicios Pullman Bus Costa Central S.A. (Pullman) y Atevil Mecánica Diesel S.A (Atevil). Cabe destacar que esta última empresa se acogió al beneficio de la delación compensada.

La FNE solicitó al TDLC el cese de las conductas y multas que ascienden a 5.000 UTA para Servicios Pullman Bus Costa Central S.A ($ 2.256,3 millones) y 2.000 UTA para Alejandro Cabello Reyes ($ 902 millones).

El organismo fiscalizador dijo que estas son las primeras acciones judiciales que se presentan en prueba obtenidas a propósito del uso autorizado de medidas de interceptación telefónica, incorporada con la última modificación al DL 211, permitiendo a la FNE cumplir con su compromiso de combatir los carteles, en directo beneficio del mercado y de los consumidores.

"Para esta Fiscalía los hechos expuestos en ambos requerimientos son de la mayor gravedad, ya que las requeridas a través de su actuar conjunto han afectado un mercado de reconocida connotación e impacto social, como es el mercado interurbano terrestre de pasajeros", subrayó.