La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó esta tarde que presentó un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas Pullman Bus, Tur Bus, Romani y Transportes Cometa por colusión, luego de haber iniciado una investigación del mercado del transporte público, solicitando multas que llegarían a un total de US$ 48 millones aproximadamente.
A través de un comunicado, la entidad precisó que dio inicio simultáneo a dos procesos judiciales ante el TDLC, "por haber constatado la existencia de acuerdos entre competidores con el objeto de impedir el ingreso de nuevos actores y de fijar tarifas a público y frecuencias en determinadas rutas del país".
En el primer requerimiento la FNE acusa a dichas compañías "por haberse coludido para acaparar oficinas en los terminales de Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Carlos Oviedo Cavada de Antofagasta, obstaculizando el ingreso de nuevos actores a dichas rutas".
La fiscalía solicitó al TDLC ordene "el cese inmediato de dichas prácticas anticompetitivas y se modifique o ponga término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que les permiten utilizar oficinas en los terminales objeto del requerimiento que no sean necesarias para la venta de boletos o el envío de carga".
La FNE solicitó, además que, el TDLC sancione a los responsables con multas de 20.000 UTA en el caso de Tur Bus ($ 9.025,2 millones) ; de 12.500 UTA para Transportes Cometa ($5.640,7 millones); de 7.500 UTA para Pullman Bus ($ 3.384 millones); y de 2.000 UTA para Romani ($ 902 millones).
Finalmente, la FNE solicitó una medida cautelar consistente en obligar a las empresas requeridas que informen a la FNE, con a lo menos 60 días de anticipación, sobre su intención de arrendar, adquirir o utilizar de cualquier otro modo alguna boletería, oficina, local u otro similar en los terminales de buses de Valparaíso, La Serena, Coquimbo y Carlos Oviedo Cavada de Antofagasta, distintas de las que actualmente se encuentran utilizando.
En tanto, el segundo requerimiento se refiere a la existencia de un acuerdo de tarifas y de frecuencias en la ruta Santiago-Curacaví, donde prestan servicios Alejandro Antonio Cabello Reyes (Ruta Vía Curacaví), Servicios Pullman Bus Costa Central S.A. (Pullman) y Atevil Mecánica Diesel S.A (Atevil). Cabe destacar que esta última empresa se acogió al beneficio de la delación compensada.
La FNE solicitó al TDLC el cese de las conductas y multas que ascienden a 5.000 UTA para Servicios Pullman Bus Costa Central S.A ($ 2.256,3 millones) y 2.000 UTA para Alejandro Cabello Reyes ($ 902 millones).
El organismo fiscalizador dijo que estas son las primeras acciones judiciales que se presentan en prueba obtenidas a propósito del uso autorizado de medidas de interceptación telefónica, incorporada con la última modificación al DL 211, permitiendo a la FNE cumplir con su compromiso de combatir los carteles, en directo beneficio del mercado y de los consumidores.
"Para esta Fiscalía los hechos expuestos en ambos requerimientos son de la mayor gravedad, ya que las requeridas a través de su actuar conjunto han afectado un mercado de reconocida connotación e impacto social, como es el mercado interurbano terrestre de pasajeros", subrayó.
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