El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, no baja los brazos cuando se trata de desplegar espectro y puso fecha para la segunda subasta 5G: marzo de 2023.
A inicios de diciembre, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó un recurso de aclaración que tenía como objetivo añadir usos tecnológicos a las concesiones otorgadas en la banda 3,5 GHz, de modo que competidores como ClaroVTR pudiesen entrar en la carrera por el 5G.
Ante la negativa, la autoridad decidió armar dos estrategias que van en carriles diferentes. La primera, es insistir ante el organismo antimonopolio mediante un recurso de reposición sobre el otorgamiento de espectro; y, por otro lado, lanzar una licitación de 50 MHz de la banda 3,5 GHz para nuevos actores.
En una primera lectura sobre lo señalado por el tribunal, Araya explicó que la Subtel tiene dudas sobre la situación del espectro que queda “subutilizado”.
“¿Cuál es la alternativa que tenemos? Esperar nueve años a que caduque la concesión y recién ahí poder contabilizar esa frecuencia para dar servicios a la ciudadanía. Es una concesión inútil, porque en su minuto sirvió para subir a la gente a internet, pero hoy está subutilizada y eso se traduce en que las personas no cuentan con sus beneficios. El país requiere que disponibilicemos ese recurso para servicios móviles”, expresó el subsecretario.
Los nuevos lineamientos
La Subtel tiene 50 MHz de espectro en la banda 3,5 GHz para un nuevo concurso, lo cual corresponde al remanente de la iniciativa de establecer una red de emergencia de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y al bloque que devolvió Claro Chile por la exigencia de la Corte Suprema como parte de la medida de cumplimiento.
Desde la administración de la exsubsecretaria Pamela Gidi, la autoridad venía analizando la idea de hacer una segunda licitación. Y es que no sólo los operadores locales han insistido en la necesidad de ampliar el espectro, sino que también es parte de una de las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por su sigla en inglés) al Estado de Chile.
“Lo que estamos analizando y, probablemente tendremos noticias, es que partiendo marzo haremos un concurso 5G, independientemente del debate en el TDLC. Lo que está disponible no está sujeto a una condición de aclaración. Nuestro problema es el que está concesionado”, expresó el subsecretario Araya.
Aún así, la autoridad reconoció que “tenemos varios pies forzados”. En efecto, el Gobierno está en plena fiscalización de la ejecución del actual despliegue de 5G por parte de Entel, Movistar y WOM, en circunstancias que los dos últimos enfrentan una presentación de cargos por la demora en el desarrollo de la red.
Por lo mismo, la próxima subasta tiene como objetivo la entrada de nuevos actores. “Las empresas que ya desplegaron la red tienen cobertura de 90% de la población; entonces, si la condición para adjudicarse espectro fuera esa, beneficiaría mucho a los incumbentes (Movistar. Entel y WOM) que tendrán todas las de ganar versus un entrante como podrían ser Boreal Net, ClaroVTR o incluso GTD si decide incursionar en el mundo 5G. Tenemos que tomar precauciones”, remató Araya.
Los mecanismos para el ingreso de nuevas empresas a la oferta de 5G aún están en diseño, pero la autoridad adelantó que hay varias ideas bajo análisis de los equipos técnicos y legales.
El director ejecutivo de la consultora G&A, Daniel Gurovich, recomendó “no improvisar” en la elaboración de este nuevo concurso. A su juicio, es mejor tomar un tiempo y diseñar una estrategia de implementación a largo plazo para poder entregar frecuencias en la medida que el mercado lo requiera.
A ojos del analista, un nuevo concurso en estos momentos no implicará una recaudación a los niveles del primer proceso, porque la disposición a pagar será menor. “Las empresas que adquirieron el espectro en el concurso pasado ya satisfacen las necesidades de los servicios de 5G en el país, por lo que los montos de adjudicación de las subastas podrían ser menores, lo que perjudica a los participantes del primer concurso”, apuntó Gurovich.
La reposición de Claro
Claro Chile no quedó fuera del debate que abrió Subtel en el TDLC, y en línea con su objetivo de estar en 5G decidió aportar antecedentes a la causa a través de un recurso de reposición. Sus representantes -Julio Pellegrini y Pedro Rencoret, socios de Pellegrini y Rencoret-, argumentaron que la Ley General de Telecomunicaciones “nunca” ha establecido ningún tipo de diferenciación entre servicios públicos de carácter fijo o móvil.
Argumentan que, en cambio, estas últimas funciones “corresponden al concepto administrativo de servicios públicos concedidos que atienden una necesidad pública general de enlace o comunicación, pero que son prestados por particulares bajo la tuición del Estado, asegurando de este modo a los usuarios su eficiencia y continuidad y, eventualmente, precios o tarifas justos, si se dieran condiciones monopólicas”.
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