Un duro revés recibió la empresa WOM en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde había recurrido para impugnar el alzamiento de la medida prejudicial precautoria por la cual se suspendieron los cobros y la ejecución de boletas de garantía, todo ello ligado al incumplimiento de la firma de telecomunicaciones a los plazos para desplegar la red 5G en el país, la cual debió entregar en octubre de 2023.
El tribunal arbitral ya tomó una decisión y resolvió rechazar la solicitud de WOM, aunque se reservó la decisión sobre las costas del proceso para el laudo final.
Esto implicaría que el Estado de Chile puede cobrar boletas de garantías, que llegan a US$ 50 millones.
WOM instó “a apegarse a los principios de racionalidad y proporcionalidad” en el cobro de las garantías. Esto implicaría pagar sólo el 15% del importe de US$ 50 millones.
Ante este resultado, WOM dijo que “lamentamos la decisión del tribunal arbitral internacional respecto a la medida cautelar solicitada por WOM. El proyecto 5G, actualmente cuenta con más de un 84% desplegado. En este contexto, sería desproporcionado ejecutar las garantías en su totalidad cuando sólo resta un pequeño porcentaje del proyecto”.
La empresa dijo que “hacemos un llamado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y a las autoridades de gobierno en general a actuar de acuerdo a los principios jurídicos vinculantes establecidos por la Contraloría General de la República para casos de esta naturaleza, esto es, apegarse a los principios de racionalidad y proporcionalidad”.
WOM reafirmó “su compromiso de diálogo con todas las instituciones del Estado chileno, incluida la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a fin de evaluar las condiciones necesarias para completar el despliegue de este importante proyecto dentro del marco institucional”.
Este conflicto se remonta al 2021, cuando la compañía fue uno de los ganadores de la licitación para el despliegue de la red 5G, comprometiéndose a construir cinco mil antenas en 24 meses. Pero llegó el año 2023 y era evidente el retraso, con lo que los ejecutivos de la época recurrieron a las autoridades. La compañía arguyó razones de “fuerza mayor”, pero sus argumentos fueron rechazados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Tras ello, se judicializó y escaló al Ciadi.
Lo que viene ahora es, según fuentes de WOM, negociar con Subtel el pago proporcional de las boletas de garantías por el 5G. Dado que hay un avance de más del 84%, eso equivaldría a pagar US$ 7,5 millones de la póliza.
Según la telco, persistirán en el Ciadi: en octubre se presenta la demanda y en marzo el Consejo de Defensa del Estado (CDE) haría su contestación. En la firma están convencidos de que si no cumplieron con el despliegue fue por razones ajenas, como la permisología y la violencia en la zona sur.
Por su parte, Subtel indicó que “si bien con esta decisión el juicio no ha concluido, esta Subsecretaría se encuentra conforme, dado que permite destrabar un conflicto judicial con la empresa. Con todo, cabe destacar que esta Subsecretaría siempre ha actuado conforme a la legislación vigente y el derecho internacional, cuidando los intereses del Estado de Chile y sus habitantes”.
En paralelo, este miércoles, el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Eduardo Jara, dejó la empresa, aduciendo razones personales. Era quien estaba a cargo de este proceso y del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), el cual también fue rechazado.
Proporcionalidad de la boleta
Mientras se resuelve el problema de fondo, Subtel ya puede iniciar el proceso de cobro de las boletas de garantía. Para ello el CDE solicitará que se alce la precautoria que tiene congelado el proceso de cobro.
Una vez que eso suceda, la Subtel definirá el cobro proporcional o total, pero para eso pueden pasar varios meses. Además, es altamente probable que tanto WOM como Subtel apelen ese fallo, pasando a la Corte de Apelaciones, por lo cual queda tiempo.
Mientras tanto, Subtel deberá definir si el pago de la boleta de garantía será proporcional al avance de las obras. Ante esto, la entidad ha indicado que hará lo que Contraloría indique de acuerdo a la jurisprudencia existente.
También queda pendiente el cobro de las multas por los atrasos de las distintas etapas de entrega, lo cual también está judicializado, aunque ya el TC se pronunció señalando que la Subtel tiene la facultad de formular cargos por incumplimiento de los plazos.
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