La sentencia de la Corte Suprema sobre la frecuencia 3,5 GHz, ingrediente principal para que las compañías sean proveedores de 5G en Chile, no dejó indiferente a nadie. El exsubsecretario de telecomunicaciones de la administración de Sebastián Piñera, Jorge Atton, tiene una mirada pesimista sobre los efectos de esta decisión en el mercado nacional. A sus ojos, no solo le resta atribuciones a la autoridad, sino que golpea la estrategia que el país, desde hace varios gobiernos, empuja: convertirnos hacia la convergencia tecnológica. En simple, esto significa apuntar hacia un modelo que permite a una concesión dar servicios de diferente tipos, según la evolución de internet, que va a pasos gigantes año contra año.
En ese escenario, fue categórico: “es un retroceso que afecta a la innovación”.
“Esto no es un tema de economía, esto afecta a la sociedad porque el pensamiento de la Subtel va centrado en mejorar los servicios de cara a los consumidores. Este es un retroceso a un Chile de hace 30 años”.
-¿Cuál es su primera lectura de la resolución?
- El fallo de la Corte Suprema va más allá, es muy complejo y poco claro, abre espacio a muchas interpretaciones. Tanto así, que creo que hace un enorme daño a la industria de las telecomunicaciones. El principal problema es que plantea que para cada modificación técnica o innovación tecnológica debe realizarse mediante consulta en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), facultad que en realidad es de la autoridad. Esto implica un cambio a la Ley General de Telecomunicaciones porque le resta facultades al regulador. Esto es un retroceso importante al desarrollo de la industria en Chile. Además, complejiza la situación desde el punto de vista competitivo porque no crea un escenario para cuatro operadores, mandato que la propia Corte Suprema recomendó. Eso no es una mirada que beneficia a los consumidores.
-¿Por qué le restan facultades a Subtel?
-La sentencia va más allá. Subtel ha dado pasos para convertirnos en un mercado que apunta hacia convergencia tecnológica, iniciativa que nos hizo pioneros en el mundo. Sin embargo, lo que hemos construido en 20 años respecto al desarrollo de las telecomunicaciones está amenazado. El principal conflicto es que la Corte sugiere realizar una consulta por cada modificación, recomendación que abre espacio a una mayor judicialización. Esta resolución da herramientas para que se puedan bloquear a nuevos competidores, elemento que va en desmedro de los consumidores.
-¿A qué se refiere con que el fallo daña a la convergencia tecnológica?
-Chile ha tenido una política de estado en telecomunicaciones independiente del color político del Gobierno. La visión está enfocada en la innovación y al desarrollo de internet con una mirada de convergencia tecnológica. Todo esto, porque internet en su esencia es pura convergencia entre voz, transmisión de datos, contenido. Por tanto, el concepto de servicios tipificados va en retroceso desde hace muchos años y no están considerados en ninguna parte de la legislación.
El fallo lo que hace es que tipifica un servicio telefónico local, cuando ya en 2010 se eliminó el concepto local y todo está centrado en internet. Entonces, con esos antecedentes la sentencia es un retroceso que afecta a la innovación. Esto no es un tema de economía, esto afecta a la sociedad porque el pensamiento de la Subtel va centrado en mejorar los servicios de cara a los consumidores. Este es un retroceso a un Chile de hace 30 años, sin respetar la legislación vigente. Incluso en la discusión del Congreso en que se define al internet como un bien de uso público se recoge la mirada de la convergencia y esto es todo lo contrario.
-¿Cómo ve el escenario de una nueva licitación?¿En qué posición queda la autoridad?
-Más que la autoridad, ¿en qué posición quedan las políticas públicas? Esto no se trata del Gobierno de turno, esto es un tema de políticas públicas porque cada vez que se haga un cambio e innovación, cuyas atribuciones está en manos de la autoridades por Ley están ordenando que haga una consulta, que siempre puede terminar en la Corte Suprema. Al final del día la Tercera Sala se convierte en el ejecutor de las políticas públicas de telecomunicaciones en Chile. La justicia existe para resguardar el equilibrio y no haya abuso de ningún sector. El problema es que acá es una estrategia de bloqueo de competidores, se mal utiliza una herramienta. Es una pésima señal para el país porque afecta a los consumidores.
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Magdalena Espinosa
