Innova Chile -filial de la italiana del mismo nombre, especializada en equipos de monitoreo e interceptación telefónica, entre otros dispositivos- llevó a la Policía de Investigaciones (PDI) al Tribunal de Contratación Pública. La firma acusó a la entidad policial de un actuar “arbitrario e ilegal” en una millonaria licitación, precisamente, para interceptaciones telefónicas.
La firma, actualmente, es proveedor en Chile, entre otras instituciones, de la PDI, y participó en la licitación denominada “Arrendamiento de plataforma tecnológica de grabación, acceso y disponibilización de interceptaciones telefónicas por 36 meses”, lanzada por la Dirección de Compras y Contratación Pública, por encargo del Departamento de Logística del ente policial, el 6 de agosto de 2024.
El 13 de septiembre, la PDI adjudicó la licitación a Informática Tier 1 SPA, por un monto de $ 2.415 millones, IVA incluido, para los años 2024 a 2026.
En el mismo documento, se declaró inadmisible la oferta de Innova Chile, quien -destacó la PDI- presentó una boleta de garantía por $ 75 millones, siendo que el monto debía ser de $ 75,6 millones.
“Por un error de los ejecutivos del Banco Santander, Innova presentó una boleta de garantía bancaria por un monto inferior al establecido en las bases, solo en $ 600 mil, pero dicha presentación se hizo en la fecha, en la forma y antes del vencimiento del horario determinados en las bases”, dijo la empresa. “Según se demostrará en la oportunidad procesal correspondiente, el Informe de Evaluación que en este acto se impugna, omite señalar, que Innova apenas se percató del error en que había incurrido el Banco Santander, consiguió inmediatamente una nueva boleta de garantía por el monto correcto, y ofreció su reemplazo en la oficina de partes de la PDI, pero inexplicablemente no le fue permitido”, añadió.
La compañía solicitó que se deje sin efecto la adjudicación y el informe de la comisión evaluadora, declarando admisible la oferta de Innova; que se retrotraiga el proceso de licitación, a fin de que se forme una nueva Comisión Evaluadora, no inhabilitada, y que ésta revise la oferta de las dos empresas.
“Especialmente en estos momentos de grave estrechez fiscal, los errores y arbitrariedades en que han incurrido la Comisión Evaluadora y la resolución de adjudicación, implican adjudicar infundadamente la licitación, a un oferente cuya oferta implica un mayor gasto fiscal, de más de $ 700 millones”, sostuvo Innova.
“Se están gastando cientos de millones de pesos más, en pura incertidumbre, por el capricho de declarar inadmisible la oferta de Innova, por un nimio error de referencia, totalmente subsanable”, agregó.
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J. Troncoso Ostornol
